Consideran un "castigo solapado" el traslado de presos

El Defensor Público de Neuquén participó esta semana de una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, para argumentar en contra de los traslados de detenidos, por parte del Servicio Penitenciario Federal, que significan –según su criterio- “medidas que solapan castigos informales”.

Según informó la página de la Defensoría Pública –ex Defensoría Oficial-, su titular, Fernando Diez, y el abogado Gustavo Vitale, participaron de dos jornadas en las que expusieron en el caso “López y otros vs Argentina”, radicado en la provincia de Neuquén, como representantes de “personas que estuvieron privadas de su libertad en el sistema penitenciario provincial y que fueron víctimas de traslados por parte del SPF”.

Se explicó que la problemática llevada ante la Corte está relacionada con que "el Servicio Penitenciario Federal, encargado de la definición de la política de traslados en su ámbito, traslada discrecionalmente a las personas detenidas entre las distintas cárceles federales distribuidas en toda la Argentina. Las órdenes de traslados son ejecutadas por la Dirección de Traslados, dependiente de la Dirección General de Cuerpo Penitenciario del Servicio Penitenciario Federal. (...) en la cotidianidad a menudo son implementados "como medidas que solapan castigos informales"; que tienen por objeto dificultar de alguna manera la vida en detención. También es común que en varios casos los traslados obedezcan a simples criterios de distribución en el ámbito federal". En función de ello "los detenidos deben someterse a un recorrido, que puede significar dos o tres días de viaje en un vehículo en el que permanecen esposados de pies y manos; y en condiciones de seguridad, higiene y comodidad deficitarias, que llegan a constituirse en formas de maltrato físico" y que necesariamente produce una "afectación en los vínculos familiares y afectivos que se mantienen a través del régimen regular de visitas".

Las víctimas del caso son cuatro personas condenadas por el Poder Judicial del Neuquén, las cuales se encontraron representadas por la entonces Defensa Oficial -hoy Defensa Pública- y sus familiares y todos ellos fueron objetos de distintos traslados, dentro y fuera de la Provincia del Neuquén.