Pasaron los años y el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya aparece entre las cuentas pendientes que tiene la Justicia rionegrina. No sólo con los familiares, quienes reclamaron durante mucho tiempo para que se le de celeridad a la investigación. Sino también para la sociedad que es espectadora de la falta de respuestas de funcionarios que cobran millones de pesos al año.
Parte de esta deuda comenzó a pagarse, aunque falta mucho todavía, como saber quién y por qué mató por la espalda al adolescente, para dejarlo tirado en un descampado de Viedma, en el año 2008. Las quejas de la familia y amigos apuntaron siempre a la falta de compromiso de la ex fiscal y actual camarista Daniela Zágasti.
Están absolutamente probados y acreditados" y que "en esta causa cometió una disfuncionalidad: la del mal desempeño de sus funciones
Finalmente, el Consejo de la Magistratura resolvió suspenderla de sus funciones durante 50 días, sin goce de haberes, por mal desempeño de sus funciones cuando era fiscal de la causa. El órgano de control de jueces y funcionarios judiciales hizo hincapié específicamente en la negativa permanente de Zágasti de inspeccionar el local nocturno Mi Loka, el lugar donde se lo vio por última vez con vida a Atahualpa. En todo momento desoyó el pedido de los familiares para que se haga un allanamiento.
La lectura de la sentencia del Juicio Político se hizo vía Zoom y estuvo a cargo del Procurador Procurador General, Jorge Crespo, quien destacó que los hechos por los que se la acusa a Zágari "están absolutamente probados y acreditados" y que "en esta causa cometió una disfuncionalidad: la del mal desempeño de sus funciones".
También se la responsabilizó de la demora producida en analizar el ADN en manchas de una campera, encontrada en un allanamiento en la casa de uno de los acusados. Esta prenda estuvo guardada en custodia durante años sin ser cotejada. Según un informe de la Legislatura que investigó el accionar judicial, la pericia fue realizada en septiembre de 2008, pero recién la incorporaron al expediente en 2012. El examen señalaba la presencia de rastros de sangre, compatibles con las del joven asesinado, en una campera hallada en la casa de Felipe Carrasco, uno de los imputados absueltos, pero que pertenecía a Carlos Morales Toledo, otro de los sospechosos.
La investigación sin resultados de la muerte del joven viedmense tuvo un capítulo en la Legislatura, que conformó una comisión especial que investigara el caso y la actuación de los fiscales intervinientes. Que luego de detectar varias irregularidades, permitió la apertura de un segundo juicio.
El joven de 18 años cursaba 5to año del secundario y fue asesinado el 15 de junio de 2008, de un disparo por la espalda y su cuerpo fue encontrado en un descampado de Viedma. La última vez que se lo vio on vida fue dentro de un local nocturno, donde él estaba con amigos. En un momento fue al baño y nunca más apareció.
Después de dos juicios, con idéntico final, la Justicia decidió absolver nuevamente a los dos acusados Felipe Carrasco y Carlos Morales. Toledo.
