Violación en manada: el juez rechazó el acuerdo de partes

El Juez Penal Marcelo Nieto Di Biase rechazó este martes el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes en el marco de una causa en la cual se acusa a tres jóvenes por el delito de abuso sexual simple, en un hecho ocurrido en Playa Unión en septiembre de 2012. Es en la causa en la que el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, se refirió a la violación grupal como un “desahogo sexual”, y mereció múltiples repudios y hasta pedidos de juicio político.

En una resolución que se dio a conocer este martes, Di Biase consideró que resulta necesario un mayor conocimiento de los hechos; también que la calificación propuesta resulta errónea y, como corolario, exclamó: “para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por si solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley”

A criterio del juez, se pretendía  la imposición de una pena de tres años en suspenso -mínima para la escala elegida por las partes- siendo que de aplicarse correctamente la norma, conforme lo sostiene basta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, lo que no puede pasar por alto.

En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un "pacto de confidencialidad".

Luego, y en el texto de la resolución el magistrado sostuvo de manera enérgica: “soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”.

En el mismo tono, indicó que “por más respeto que me merece el interés de la víctima, más aún de un hecho de abuso sexual, cierto es que a partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción”.