Le robaron a la provincia y aceptaron devolver la plata

Luego de comprobarse la metodología utilizada y su participación para robarle a la provincia, tres jóvenes optaron por la suspensión del juicio a prueba y se comprometieron a devolver el dinero a cambio de que no le queden antecedentes penales. Entonces, deberán devolver en cuotas los 50 mil pesos que se comprobaron que utilizaron de dos tarjetas de YPF Ruta destinada al uso de vehículos oficiales del Ministerio de Obras Públicas de Río Negro.

Uno de los choferes aceptó su culpabilidad y deberá 28.000 pesos en tres cuotas. Otro también reconoció el delito y abonará 6.500 pesos y el tercero 2.500 pesos, todos los fondos restituidos irán a las Cuentas Generales de Río Negro. Además de la reparación económica, tendrán que fijar domicilio por un año para cumplir pautas de conducta.

En una audiencia, el Juez Juan Brussino aceptó la probation al valorar al ausencia de antecedentes de los imputados y que se "repara la totalidad del daño causado".

Pese a esta resolución de la Justicia, desde la Fiscalía de Estado, que representó los intereses de la provincia, fijó su rechazo para mantener vigente la oportunidad de reclamar un resarcimiento civil, una posibilidad que permanecerá abierta. En tanto que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, no hubo planteos ni reclamos salvo el aparente inicio de investigaciones en el tema.  

La causa se inició hace menos de un año, cuando en agosto de 2020 el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a 6 hombres -dos de ellos choferes del Ministerio de Obras Públicas- que utilizaban dos tarjetas YPF en Ruta para cargar combustible en sus autos privados. Para ello utilizaban una maniobra sencilla y burda, pero no por eso menos efectiva: sacaban las patentes de los autos oficiales y las colocaban en otros para poder cargar en las estaciones de servicio. 

A medida que fue avanzando la causa, uno de los dos choferes implicados reconoció su responsabilidad y se comprometió a devolver 50.000 pesos. La fiscalía pidió, además, 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ocupar cargos públicos que impliquen administrar fondos o manejar dinero.

De acuerdo a la acusación de la fiscalía, la maniobra de defraudación al estado se dio entre el 1 de enero de 2019 y el 3 de julio de ese año.