JUICIO POR JURADOS

Durará un mes el juicio por el femicidio de Agostina

Son cinco imputados: tres coautores, un partícipe necesario y la instigadora. Se escucharán unos 80 testigos.
jueves, 26 de mayo de 2022 · 19:58

Entre el 7 de junio y el 8 de julio, un jurado popular determinará la responsabilidad penal de los cinco imputados en el femicidio de la joven Agostina Gisfman, ocurrido en mayo del año pasado en Centenario. Hay 80 testigos propuestos.

Así lo informó este jueves el fiscal jefe de Homicidios Juan Agustín García, quien señaló que “de acuerdo a las fechas que fijó la Oficina Judicial, el 9 de junio se hará el sorteo del juez o jueza así como del listado de personas para la audiencia de selección de jurados; el 21 y 22 de junio se llevará adelante la selección de las personas que integrarán el jurado popular; mientras que el juicio comenzará el 27 de junio y se desarrollará hasta el 8 de julio”.

Los imputados son Juan Carlos Monsalve, Claudio Enzo Monsalve y Julio Maximiliano Zapata como coautores del femicidio; mientras que Gustavo Chianesse está acusado de ser un partícipe necesario y Ana Maria Perales, la esposa de Juan Monsalve, quedó imputada como instigadora del femicidio.

La Sala de Jurados de la Ciudad Judicial es el lugar donde se realizarán las audiencias. En principio, está previsto que declaren alrededor de 80 testigos. El fiscal jefe García, será el responsable de presentar la acusación ante el jurado popular, con el objetivo de obtener un veredicto de culpabilidad.

La imputación es por el delito de homicidio triplemente agravado por haber sido causado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido perpetrado por hombres hacia una mujer en contexto de violencia de género (femicidio).

Todas las personas acusadas, permanecen en la actualidad detenidas con prisión preventiva por existir riesgo de que entorpezcan la investigación y de que se fuguen.

El hecho que investigó la fiscalía fue cometido el 14 de mayo de 2021 cerca de las 20. Juan Monsalve conoció a Agostina Gifsman en marzo de 2021, a través de Gustavo Chianesse, a quien le había pedido que lo contactara con una mujer que prestara servicios sexuales. Así fue que Monsalve y la víctima mantuvieron al menos un encuentro.
A mediados de abril, Monsalve tuvo un conflicto con su esposa, Ana Perales, quien advirtió la publicación de fotografías en las que Gisfman estaba con él. A partir de esto, la mujer comenzó a exigirle a su esposo que matara a Gisfman, y le planteó que si no lo hacía, rompería la relación.
El 11 de mayo, como Monsalve no había cumplido con lo que le había pedido, Perales abandonó la vivienda en la que ambos convivían y se fue hacia la localidad de San Javier, en la provincia de Río Negro.
Ante esta situación, Monsalve intensificó la organización de un plan para asesinar a Gisfman, tal como le había exigido su esposa. Por esta razón se contactó con Chianesse.
El viernes 14 de mayo de 2021, Chianesse se comunicó con Agostina Gisfman. Le pidió que concurriera a la rotonda ubicada en la ruta 151 y Circunvalación de la ciudad de Cipolletti. Allí la esperaría Monsalve para mantener un nuevo encuentro sexual. Por este motivo Gisfman acudió al lugar indicado.
Cerca de las 19.20, Monsalve se encontró con la víctima y la trasladó en una camioneta Chevrolet Tracker, hacia la zona de meseta de la ciudad de Centenario. Al llegar a las inmediaciones de calles Juan Domingo Perón y José Brillo, en un sector del basural de la meseta, llegaron otros dos hombres al lugar: Claudio Monsalve y Julio Zapata en una camioneta Chevrolet S10, de propiedad de la esposa de Perales.
En ese lugar, los tres asesinaron a Gisfman mediante al menos dos puñaladas que le provocaron un shock hemorrágico. Luego prendieron fuego el cuerpo y, aproximadamente a las 20.40, se retiraron del lugar en ambos vehículos.

En el caso, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó un planteo efectuado por dos abogados defensores en contra de informes telefónicos y/o de tráfico de datos que fueron requeridos por el Ministerio Público Fiscal e impuso las costas a quienes impulsaron el planteo. Además, mediante resolución interlocutoria 19 y ante un pedido de aclaratoria realizado por el fiscal general José Gerez, la sala penal detalló que las interpretaciones de los artículos del Código Procesal Penal relacionados con este punto “no vedan al Ministerio Público Fiscal acceder a la información mencionada”.

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