Dictan prisión preventiva para agente inmobiliario por estafas millonarias

El fiscal Adrián De Lillo acusó a R.F.F, por haber realizado una serie de maniobras en la venta de terrenos cuando se desempeñaba como encargado en la sucursal de Villa La Angostura de una reconocida inmobiliaria con sede en la ciudad de Buenos Aires. En la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes, también solicitó que el acusado permanezca detenido en prisión preventiva por cuatro meses por existencia de riesgo de fuga.

Además, De Lillo pidió que se declare el caso como “causa compleja” debido a la pluralidad de hechos y víctimas involucradas y, por este motivo, requirió que el plazo para concluir la investigación se fije en un año.

El representante del Ministerio Público Fiscal describió que el imputado realizó un total de 45 maniobras entre agosto de 2017 y diciembre de 2023 por un perjuicio de 1,2 millones de dólares o aproximadamente 1.200.000.000 pesos.

Explicó que las estafas sucedieron bajo tres modalidades distintas. En la primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidas, llegando a revender un mismo lote en más de oportunidad. La segunda modalidad adoptada por el imputado consistió en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo. Por último, radicó en vender unidades funcionales respecto de las cuales el acusado no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas.

Las conductas descriptas fueron desplegadas valiéndose del buen nombre, de los contactos y de las instalaciones de la inmobiliaria para la cual trabajaba, así como también de su posición en la ciudad como reconocido agente inmobiliario de la zona.

El delito que De Lillo le atribuyó a R.F.F, es estafas reiteradas en 45 hechos, todos en concurso real entre sí y en carácter de autor.

Los abogados querellantes particulares que intervienen en representación de las víctimas adhirieron al pedido de la fiscalía. Uno de ellos requirió además que se dicte la inhibición general de bienes de R.F.F en los Registros de la Propiedad inmueble provinciales y de la ciudad de Buenos Aires y en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de Yates y Embarcaciones. 

El juez de garantías Ignacio Pombo hizo lugar al pedido de declaración de causa compleja por lo que estableció el plazo para concluir la investigación preliminar en 6 meses. En relación a la prisión preventiva, el magistrado avaló la medida por un plazo menor al solicitado, 7 días.