Uno de los casos más estremecedores de violencia institucional en la historia reciente de Río Negro llega a su instancia final. En la audiencia de cesura, la fiscalía, la querella y las defensas presentaron sus pretensiones de pena para los cuatro policías condenados por el asesinato de Jorge Gatica, torturado hasta la muerte dentro de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu, en Cipolletti.
El 22 de mayo, un jurado popular declaró culpables a tres efectivos por el delito de tortura seguida de muerte, un delito penal que no admite ambigüedades ni atenuantes. La autopsia confirmó el horror: Gatica presentaba 184 lesiones externas, siete costillas fracturadas y una agonía que se extendió durante horas sin atención médica, mientras permanecía esposado y sometido por quienes debían custodiarlo.
Los tres policías, el cabo 1° Walter Denis Carrizo (36), el cabo 1° Jorge Sosa (31) y el sargento Vilmar Alcides Quintrel (32), fueron encontrados responsables de aplicar tormentos físicos y psíquicos que derivaron en la muerte del joven. El Fiscal Jefe, Santiago Márquez Gauna, no dejó lugar a interpretaciones: pidió prisión perpetua, y el juez de juicio no tardó en convalidar el pedido. Con la homologación de las partes, los tres efectivos seguirán detenidos mientras se aguarda la sentencia definitiva.
El rol de la sargento: la omisión que mata
El caso de la cuarta condenada, la sargento 1° Andrea Henríquez (38) y segunda en la cadena de mando dentro de la dependencia, abrió un debate jurídico y ético sobre la responsabilidad por omisión. El jurado la declaró culpable de no impedir las torturas, pese a su jerarquía y a haber presenciado los hechos. Durante la audiencia, ofreció una declaración personal y escuchó los testimonios de allegados de la víctima. Entre ellos, la madre de Gatica, cuya intervención volvió a estremecer la sala y reforzó el impacto social del crimen.
La fiscalía solicitó seis años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La querella fue más allá: exigió diez años de prisión, subrayando el daño institucional causado y la necesidad de enviar un mensaje claro a las fuerzas de seguridad. En tanto que la defensa, por su parte, intentó relativizar su rol y pidió una pena condicional de tres años.
La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo 19 de junio a las 13.