Abusó de su poder y terminó condenado
El caso sacudió a la institución policial de Plaza Huincul. Un oficial, que hasta hace poco tenía a su cargo la formación de futuros efectivos, fue declarado culpable de abuso sexual simple agravado por su rol como policía. El delito lo cometió contra una aspirante que, en agosto de 2022, había ingresado al Centro de Formación y Capacitación con la ilusión de iniciar su carrera en las fuerzas de seguridad.
Lejos de brindarle protección o guía, el instructor –identificado como P.E.G.– llevó adelante un acoso sostenido en el tiempo. Según quedó demostrado en el juicio, el oficial aprovechó su jerarquía, el aislamiento de la víctima y el control que tenía sobre ella para manipularla y someterla.
El veredicto se conoció este lunes al mediodía y fue unánime por parte del tribunal conformado por los jueces Liliana Deiub, Diego Chavarría Ruiz y Vanesa Macedo Font. La fiscal Gabriela Macaya fue contundente: “Estamos frente a un caso paradigmático de abuso de poder con contenido sexual dentro de una institución estatal. No podemos mirar para otro lado”.
Complicidad encubierta
El accionar del oficial no era un secreto puertas adentro. Durante el juicio, declararon 12 testigos, varias de ellas compañeras de la víctima, quienes confirmaron el hostigamiento constante que sufría. En su momento, la institución respondió con una suspensión de 12 días por “transgresión a la ética policial”.
Este fallo representa un precedente importante en la lucha contra la violencia institucional con contenido sexual. Y vuelve a poner en agenda un debate necesario: ¿cuántas otras historias similares quedan enterradas por miedo o desprotección?
La víctima rompió el silencio y logró justicia
La joven aspirante, cuya identidad se preserva por motivos legales, atravesó un largo proceso desde que se animó a hablar. Su testimonio fue clave para desbaratar el pacto de silencio que muchas veces reina en las fuerzas de seguridad. A pesar del temor, enfrentó la presión, la exposición y el descrédito que suelen recaer sobre las víctimas.
El juicio no solo sirvió para exponer los hechos, sino también para evidenciar una estructura de poder que protege a los agresores y desampara a quienes denuncian. La sentencia contra el oficial P.E.G. no borra lo ocurrido, pero es un paso hacia la reparación.
Ahora resta saber cuál será la sanción definitiva que se le aplicará en la etapa de determinación de la pena. Pero lo cierto es que el caso deja al descubierto una verdad incómoda: el abuso de poder dentro de las instituciones es real, y la única forma de erradicarlo es con justicia, decisión política y respaldo a quienes se animan a hablar.