Un nuevo escándalo salpica a la Policía de Río Negro. Un comisario con casi 30 años de servicio fue separado de su cargo, acusado de haber vendido ilegalmente elementos secuestrados en operativos judiciales. La Jefatura de Policía dispuso la suspensión efectiva y pase a disponibilidad de Fernando Ceferino Ruarte, quien está siendo investigado por distinta transgresiones graves, incluso persecución hacia un oficial, que efectuó la denuncia.
La caída de Ruarte generó conmoción en el ambiente policial de toda la provincia, es que en cada una de las unidades donde estuvo asignado, dejó malos recuerdos. Poco después del mediodía, la Jefatura confirmó su suspensión inmediata tras abrirse una investigación por faltas gravísimas en el ejercicio de su función. Según trascendió, el comisario habría comercializado bienes incautados en procedimientos judiciales, violando la cadena de custodia y convirtiendo en mercancía lo que debía ser prueba judicial.
La sospecha sobre el destino de esos elementos incautados —en causas que podrían ir desde robos hasta narcotráfico— abre un interrogante aterrador: ¿cuántas pruebas clave fueron sustraídas del sistema judicial para alimentar negocios paralelos? La medida dispuesta por la cúpula policial busca evitar la interferencia del jefe de la Comisaría 8° de Choele Choel en el avance de la investigación. En concreto, Ruarte habría vendido 22 baterías, cables de cobre y otros elementos que fueron secuestrados hace unos días en una conocida chatarrería y que quedaron en depósito judicial en la unidad a su cargo.
Tan oscuro es el legajo de Ruarte, que un intendente con llegada directa al gobernador Alberto Weretilneck elevó su queja cuando hace un tiempo se enteró que podría llegar a la comisaría de su ciudad. El Jefe comunal hizo valer sus contactos para cambiarle el destino al jefe, que terminó en Choele Choel. Altos jefes policiales rionegrinos le confirmaron a Mejor Informado, que la caída de Ruarte era sólo cuestión de tiempo y esperaban poder encontrar las pruebas para ejecutar su disponibilidad.
Nuestros policías están para proteger a nuestros vecinos, para hacer cumplir la ley, y aquel que sienta la tentación de delinquir, será castigado como corresponde. No permitiremos que se deshonre el uniforme de la Policía de Río Negro
Sobre lo sucedido en Choele Choel, se supo que en la denuncia, un oficial de la misma Comisaría 8° denunció que en marzo, el propio Ruarte ayudó a cargar 21 baterías chicas y una grande a la camioneta de un fletero, conocido en la ciudad por su curioso apodo. Estos elementos y otros, habían sido secuestrados de una chatarrería y se encontraban en depósito judicial en el patio interno de la unidad.
Alberto Weretilneck volvió a apuntar contra los policías corruptos
"Seremos implacables con quienes pretendan servirse de un cargo público para su provecho personal. Cualquier acción por fuera de la ley es un hecho grave, pero es mucho peor si se trata de un representante de nuestra fuerza de seguridad. No permitiremos este tipo de acciones y si se comprueba la culpabilidad, actuaremos con todo el peso de la ley", aseguró el gobernador Alberto Weretilneck.
Agregó que "nuestros policías están para proteger a nuestros vecinos, para hacer cumplir la ley, y aquel que sienta la tentación de delinquir, será castigado como corresponde. No permitiremos que se deshonre el uniforme de la Policía de Río Negro".
Este hecho se suma a la detención de un oficial, acusado de participar en una banda mixta con delincuentes que cometían entraderas en distintas ciudades del Alto Valle. El oficial Enzo Ramón García continúa con prisión preventiva por el asalto sufrido por una pareja de adultos mayores en Cipolletti, y uno de ellos terminó internado con un ACV. Pese a los intentos de la defensa por revertir la medida, la Justicia ratificó que seguirá preso mientras avanza la investigación. Además, resolvió levantar la prohibición de divulgar su identidad e imagen.
El gobernador Weretilneck quedó envuelto en una polémica, porque minutos después de la detención publicó en sus redes sociales una foto de García con su nombre, pese a la prohibición de la Justicia de develar su identidad y su rostro, para no perjudicar una eventual rueda de reconocimiento por otros casos similares.