El subcomisario Oscar Horacio Ceballos, de la Policía provincial de Neuquén, fue condenado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y abuso de funciones, tras agredir y detener sin justificación a un vecino que se disponía a realizar una denuncia en la fiscalía de Rincón de los Sauces. Sin embargo, no irá a prisión.
El episodio ocurrió el 10 de octubre de 2023, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja en la vereda de la Oficina Judicial, esperando ser atendido por el Ministerio Público Fiscal. Sin mediar palabra, Ceballos lo abordó, le propinó un cabezazo, le quitó el celular y ordenó su detención. La fiscal Rocío Rivero, que fue testigo parcial del hecho, bajó de inmediato desde su oficina y exigió la liberación del hombre, calificando la aprehensión como ilegal.
El caso derivó en una investigación interna en la fuerza y en una causa penal que culminó con la condena del subcomisario a 2 años y 4 meses de prisión condicional y 4 años y 8 meses de inhabilitación para ejercer funciones vinculadas a la seguridad pública, dispuesta por el juez Luciano Hermosilla el lunes 6 de mayo.
Prisión condicional: ¿Qué implica?
La pena es de cumplimiento condicional, lo que significa que Ceballos no será encarcelado si cumple con una serie de condiciones impuestas por el tribunal. Entre ellas, deberá:
-
Realizar un curso de capacitación en Derechos Humanos
-
Iniciar un tratamiento psicológico
-
Mantener prohibición de contacto y acercamiento a menos de 200 metros con la víctima
-
No portar ni tener armas de fuego
Aunque la fiscalía también solicitó un aporte económico simbólico de $300.000 a los Bomberos Voluntarios de la localidad, el juez desestimó esta medida.
Un caso que expone el abuso de poder
Durante el juicio se reveló que el incidente podría estar motivado por un escrache previo ocurrido en la Comisaría 35°, donde la víctima y su pareja intentaron denunciar una agresión que involucraba a efectivos policiales. Sin embargo, la fiscal Rivero enfatizó que nada justificaba el uso de la fuerza ni la detención arbitraria.
Las cámaras de seguridad del edificio judicial registraron la agresión, lo que fue clave para sostener la acusación. El caso generó un fuerte impacto en la comunidad local, al evidenciar el abuso de poder por parte de un funcionario jerárquico de la fuerza.
Aunque no irá a prisión, el fallo lo aleja de la función pública en seguridad durante casi cinco años. Además, su permanencia en la Policía provincial está en duda, ya que la inhabilitación afecta directamente su rol. El Ministerio de Seguridad provincial aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la continuidad o desvinculación del subcomisario.