El video se hizo viral y el comportamiento del joven de 26 años, que se arrancó el suero y comenzó a repartir piñas, patadas y cabezazos contra médicos y enfermeros del hospital Pedro Moguillansky quedó expuesto. Pese a permanecer preso durante toda la noche del domingo, y por decisión judicial fue liberado el lunes, lo que generó un enorme rechazo, especialmente en el personal hospitalario que suma indignación a la sensación de desprotección diaria. Ante el escrache que hizo el propio gobernador en las redes sociales, la Justicia debió salir a aclarar por qué no quedó detenido.
El joven fue llevado por el Siame hasta el hospital tras encontrarlo tirado en una plaza, con temblores similares a las convulsiones. Lo atendieron en la guardia, le hicieron una tomografía y lo dejaron en observación, pero en cuestión de segundos la situación cambió. Escuchó que su familia estaba en el ingreso y que a los gritos reclamaban por su atención sin entender razones. Allí se levantó, se arrancó la vía intravenosa y comenzó a repartir golpes para todo lados. El único policía de hacía guardia sólo se limitó a pedir refuerzos a la Comisaría 24°, donde quedó detenido. Luego, durante la mañana, le formularon cargos por la agresión y los daños.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, no ocultó su indignación y decidió escrachar al violento en sus redes. Expuso la decisión judicial. Sin decirlo expresamente, evidenció lo que muchos piensan, que el sistema de justicia parece más preocupado por tecnicismos legales que por la protección de quienes sufren la violencia.
Sin alternativas, desde el Poder Judicial debieron dar explicaciones. Argumentaron que la prisión preventiva no correspondía, y se justificaron con el artículo 110 del Código Procesal Penal que establece la imposibilidad de aplicar una medida restrictiva de la libertad en delitos cuya pena máxima no supere los tres años y que, en caso de condena, podrían ser de cumplimiento condicional. En este caso, a Flores se le imputaron lesiones leves y amenazas, con penas entre los seis meses y los tres años de prisión, lo que le permite evitar una detención prolongada.
La decisión firmada por la jueza Amorina Sánchez Merlo, consideró que impedir el ingreso del violento al hospital era una medida inviable, ya que, en caso de emergencia médica, el joven debe poder acceder a atención. En su lugar, la fiscalía solicitó restricciones de acercamiento o intimidación al personal agredido el domingo por la noche.
A pesar de estas explicaciones, el enojo no se disipó. Desde el gremio rebelde Asspur denunciaron que la resolución judicial envía un mensaje peligroso: la violencia contra los trabajadores de la salud no parece ser considerada un delito de suficiente gravedad como para justificar un castigo inmediato. La sensación de desamparo crece entre médicos y enfermeros, quienes ven cómo sus agresores pueden salir caminando sin mayores consecuencias.
El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, prometió que su cartera llegará "hasta las últimas consecuencias" para que los responsables enfrenten la justicia y anunció que su cartera se presentará como querellante. Sin embargo, la postura del sistema judicial dejó en claro que se apoya en interpretaciones legales que priorizan las normas por sobre el impacto social del delito.