Se fue a Buenos Aires a despejarse un poco, aprovechó para renovar el vestidor y volver con energías a la rutina. Pero al regresar, lo que encontró en el resumen de su tarjeta fue una bomba: consumos que jamás hizo, en dólares, en pasajes, en alojamientos y más tarde, una cifra total que superaba los 18 millones de pesos.
La mujer, vecina de Villa Regina, había usado su tarjeta de crédito para algunas compras puntuales durante el viaje. Todo normal, pero al volver, los números no cerraban por ningún lado: gastos por 407 dólares en Booking, otros 320 mil pesos en pasajes de una empresa de colectivos y 130 mil más en impuestos por compras en moneda extranjera.
Alarmada, hizo lo que todos haríamos: entró a la página del banco BBVA, denunció la situación, la tarjeta fue dada de baja y recibió una nueva en su casa. Incluso le mandaron un correo confirmando que su reclamo estaba en proceso.
Pero la historia no terminó ahí. Al poco tiempo, notó algo todavía más grave: le seguían apareciendo consumos, y no pocos. Veintiocho cargos nuevos, todos desconocidos, con las tarjetas que ya había denunciado. Esta vez, la suma era explosiva: más de 18 millones de pesos.
Se acercó a la sucursal, habló con empleados, explicó la situación. Pero la respuesta fueron correos con resoluciones desfavorables, como si nada de lo que contaba importara. El banco parecía más interesado en cobrar que en escuchar.
Cansada de insistir, decidió ir a la Justicia. Y ahí sí la escucharon, el Juzgado Civil de Villa Regina falló a su favor: le ordenó al banco y a Mastercard frenar todos los débitos que ella desconoció. Además, les prohibió cargarlos en el sistema de deudores del Banco Central, lo que podría haberle traído consecuencias aún peores.
El fallo fue claro: el banco no puede cargarle a la clienta compras que ella no hizo, menos aún si ya había denunciado el robo de sus datos. Y recordó algo clave: en una relación de consumo, se protege al cliente.