Un hombre fue acusado por delitos sexuales gravísimos, cometidos durante más de diez años contra una joven que convivía con él. La víctima de las violaciones es hija de su pareja, y según consta en la investigación, los hechos se iniciaron cuando tenía apenas siete años. Incluso, la víctima tuvo dos hijos que serían del hombre que la sometía y amenazaba para que no denunciara el calvario que padecía.
La denuncia fue radicada la semana pasada por una familiar en la Comisaría de la Mujer. Tras tomar conocimiento del caso, la Justicia dispuso la detención inmediata del acusado. Durante la formulación de cargos, la fiscal adjunta que realizó la descripción de los hechos reveló que "no es su padre biológico, pero estaba a cargo de su cuidado. Ejerció un control sistemático, basado en amenazas, intimidaciones y actos de violencia".
La joven, hoy mayor de edad, prestó declaración junto a su madre. Ambas ofrecieron testimonios que resultan clave para la reconstrucción de los hechos. Según la acusación, los abusos se extendieron hasta que la víctima alcanzó su mayoría de edad.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en un número indeterminado de ocasiones, doblemente agravado por la condición de encargado de la guarda y la convivencia, en concurso ideal con corrupción de menores, agravada por violencia e intimidación. Todo ello encuadrado en los artículos 45, 54, 119 y 125 del Código Penal.
Uno de los datos que refuerza la denuncia es que, producto de los abusos, habrían nacido dos hijos. El imputado accedió voluntariamente a una prueba de ADN, cuyos resultados se incorporarán a la investigación. Hasta el momento, las pruebas reunidas incluye la denuncia original y entrevistas en sede fiscal; la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI); documentación oficial y certificados médicos; actuaciones del Juzgado de Paz de Allen; resolución de exclusión del hogar; y elementos aportados por la SENAF.
Desde la fiscalía anticiparon que podrían sumarse más testimonios en los próximos días. "La detención produjo una modificación en el entorno. Estamos acompañando a personas que recién ahora pueden hablar", expresó una funcionaria judicial.
La defensa pública no se opuso ni a los hechos ni a la calificación legal, y señaló que aguardarán los resultados de los análisis genéticos. Por pedido de las fiscales, y frente al riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, el juez de Garantías ordenó prisión preventiva por un plazo inicial de cuatro meses.