El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en Lomas de Zamora denunció que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un operativo para identificar a niños, niñas y adolescentes durante horarios escolares en el barrio Santa Catalina.
Según el sindicato, el procedimiento se llevó a cabo en las horas de la mañana y mediodía, momento en que los estudiantes transitaban hacia y desde sus escuelas. En ese contexto, se solicitó documentación y se tomaron huellas dactilares a menores de edad, lo que generó un ambiente de angustia y temor entre los afectados.
SUTEBA y sus dichos sobre la calificación de la acción
En un comunicado, SUTEBA calificó esta acción como una grave vulneración de derechos, debido a que involucra a menores y tiene un carácter intimidatorio y discriminatorio: “No sólo por tratarse de menores de edad, sino también por el carácter intimidatorio y discriminatorio del operativo”.
Este operativo se produce en un momento en que el Gobierno Nacional implementó una reforma en la Ley Penal Juvenil que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una medida que el sindicato considera regresiva y que pone en riesgo la protección de niños, niñas y adolescentes.
El sindicato detalló que los estudiantes intervenidos tenían entre 12 y 18 años y fueron interceptados en la vía pública, obligados a acreditar su identidad y sometidos a la toma de huellas dactilares, exponiéndolos innecesariamente y generando malestar y temor.
Estas prácticas, según SUTEBA, carecen de respaldo legal y contravienen tanto la normativa nacional vigente como tratados internacionales que protegen los derechos de la niñez y la adolescencia.
Además, el gremio denunció que los operativos tienen un sesgo racista y xenófobo, estigmatizando a comunidades migrantes y vulnerando derechos fundamentales, por lo cual los calificó como actos de hostigamiento.
El sindicato enfatizó que no se debe normalizar la intervención indiscriminada de las fuerzas de seguridad sobre estudiantes, especialmente dentro del entorno escolar y en horarios de clase. Asimismo, señaló que las fuerzas de seguridad no cuentan con facultades legales para realizar controles de identidad ni recolectar datos biométricos de menores sin las garantías correspondientes.
Por ello, SUTEBA exigió a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía Federal Argentina, ambas dependientes del Ministerio de Seguridad, el cese inmediato de estas prácticas, y solicitó la intervención urgente de organismos de control y protección de derechos.
El gremio alertó sobre la adopción de políticas migratorias de control que replican modelos expulsivos cuestionados internacionalmente por su violencia y violación de Derechos Humanos.
Reafirmando su compromiso con la defensa de la escuela pública y la protección integral de estudiantes y trabajadores de la educación, SUTEBA concluyó su comunicado con un llamado contundente: “No al hostigamiento, no a la criminalización de la niñez y la adolescencia, sí a la escuela pública como espacio de cuidado, inclusión y derechos”.
