El Consejo Provincial de Educación dispuso el cierre de la Escuela Hogar 152 de Cerro Alto de Pilcaniyeu, argumentando la emergencia hídrica como motivo principal. La resolución oficial sostiene que la falta de agua imposibilita el normal funcionamiento de la institución, pero la decisión generó un fuerte rechazo gremial y político.
Desde el Consejo Directivo Central de UnTER expresaron “profunda preocupación y rechazo” ante lo que consideran un retroceso en el derecho social a la educación, especialmente en territorios rurales. El gremio advirtió que el cierre de escuelas “vacía el territorio, vulnera el derecho de las infancias a educarse en su lugar de pertenencia y favorece procesos de expulsión de las familias”. Además, remarcaron que no se trata de falta de escuela, sino de falta de decisión política para garantizar inversiones y sostener la vida en las comunidades.
La legisladora provincial Magdalena Odarda (Bloque Vamos con Todos) anunció que presentará un proyecto de ley para derogar la resolución del Ministerio de Educación. Cuestionó con dureza los argumentos oficiales y señaló que “es una vergüenza que se utilice la emergencia hídrica como excusa para cerrar una escuela rural”. Según explicó, la normativa de emergencia hídrica fue creada para establecer prioridades en el uso del agua: consumo humano, atención sanitaria, incendios y seguridad y “nada tiene que ver con el cierre de instituciones educativas”.
Odarda denunció que la medida responde a un proceso más amplio de despoblamiento rural vinculado a intereses extractivos. Recordó que la escuela se encuentra dentro de un área de cateo para exploración de litio en roca, a favor de la empresa Patagonia Mining S.A.S., que posee 17 propiedades mineras sobre unas 145.000 hectáreas. “El cierre no obedece a una imposibilidad real de funcionamiento, sino a una política que busca vaciar los territorios”, afirmó.
La legisladora también destacó que el cierre dejó a cuatro niños sin acceso a la educación en su comunidad, quienes resisten ser trasladados a una escuela ubicada a 15 kilómetros. Docentes y auxiliares fueron reubicados sin garantías, debiendo afrontar los costos de traslado por sus propios medios y sin transporte escolar. “El Estado no solo abandona a las familias rurales, sino que además traslada el costo del ajuste a trabajadores y comunidades. Esto es inaceptable”, concluyó.
El proyecto de ley que impulsa Odarda buscará dejar sin efecto la resolución vigente y restituir el funcionamiento de la Escuela Hogar de Cerro Alto, en defensa del derecho a la educación y del arraigo en los territorios rurales.
