El caso que conmocionó a Cipolletti por una terrible acusación de abusos sexuales contra niños y adolescentes y producción de material de explotación sexual infantil podría quedar circunscripto a un acuerdo entre partes en un juicio abreviado. En una audiencia, la Fiscalía epuso que por la acusación el ecuatoriano de 37 años, Nelson Bonilla Bravo, podría recibir una pena de 25 años de prisión, mientras la defensa busca reducir sustancialmente el castigo y evitar que el expediente avance hacia un juicio oral.
La posibilidad de cerrar el proceso mediante un juicio abreviado coloca el foco en la negociación de la pena y en las condiciones del acuerdo. De concretarse, el ecuatoriano con antecedentes narco y que cometió los delitos en un barrio popular de Cipolletti, podría reconocer la autoría en caso de lograr una pena más benévola y en ese caso es el tribunal el que deberá evaluar si corresponde homologar el convenio alcanzado entre las partes y establecer la condena definitiva.
La audiencia se desarrolló bajo un importante dispositivo de seguridad y con fuertes restricciones para preservar a las víctimas. Las defensoras de menores Alicia Merino y oficial Silvana Ayenao (la misma que filtró información en el femicidio de Agustina Fernández) cuestionaron la presencia de periodistas y advirtieron sobre el riesgo de revictimización de los chicos y las posibles consecuencias que podría generar la exposición del acusado dentro del ámbito penitenciario donde permanece detenido.
El tribunal, integrado por Julio Sueldo, Marcelo Gómez y María Florencia Caruso Martín, mantuvo la prohibición de fotografiar el rostro del imputado y determinó que la información oficial sea canalizada exclusivamente a través del área de prensa del Poder Judicial.
La gravedad de la acusación explica buena parte del hermetismo. Según la investigación, el hombre captó a niños y adolescentes en un barrio popular del norte cipoleño y, de acuerdo con la acusación, les suministraba medicamentos mezclados en bebidas antes de someterlos sexualmente.
Pero la causa tomó una dimensión todavía más perturbadora cuando los investigadores encontraron fotografías y videos en el celular y la computadora del acusado. Parte de ese material fue producido durante los abusos y posteriormente compartido con terceros. Además, algunos de los chicos que aparecen en las imágenes todavía no pudieron ser identificados.
En los tribunales, la tensión también se hizo visible en el operativo montado alrededor del acusado. Hubo controles con detectores de metales, presencia de personal penitenciario y un momento particularmente tenso cuando un familiar de una de las víctimas quedó frente al imputado y se produjo un cruce de miradas.
Ahora, el punto central está puesto en si finalmente prosperará el acuerdo y el expediente quedará resuelto mediante un juicio abreviado, con una pena que deberá ser evaluada y homologada por el tribunal. De lo contrario, la causa podría tomar otro camino y avanzar hacia una instancia de juicio oral, donde los hechos denunciados quedarían expuestos.
