La investigación por una presunta red de explotación sexual infantil sacudió a Cipolletti y generó una profunda conmoción en el barrio Costa Esperanza. La Justicia de Río Negro mantiene dos hombres imputados y detenidos, mientras intenta reconstruir una trama de abusos que, de acuerdo con la acusación fiscal, se habría extendido durante varios años y tendría como víctimas a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.
El principal acusado es un hombre de 37 años, sobre quien pesan los cargos más graves. Según la investigación, habría captado a menores, suministrado sustancias para reducir su capacidad de reacción y luego abusado sexualmente de ellos. La acusación sostiene además que registraba los ataques con un teléfono celular y que parte de ese material era distribuido, hechos por los que también enfrenta cargos vinculados con la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
La pesquisa tomó impulso tras un allanamiento realizado en una vivienda del asentamiento, donde fueron secuestrados un teléfono celular y una computadora. El análisis del contenido, efectuado por especialistas de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), permitió incorporar una importante cantidad de evidencia a la causa. Según trascendió, algunas de las personas menores de edad que aparecen en ese material todavía no pudieron ser identificadas, por lo que la investigación continúa abierta.
La causa también alcanzó a un segundo imputado, acusado de haber recibido parte del material de abuso sexual infantil. Los investigadores determinaron que las imágenes habían sido enviadas a distintos destinatarios. Uno de ellos aún no pudo ser localizado, mientras que el otro fue identificado, detenido e imputado por la presunta tenencia de ese tipo de contenido.
Mientras la Fiscalía, la Defensa y la Defensoría de Menores analizan los próximos pasos del proceso, trascendió que se trabaja en un posible juicio abreviado para el principal acusado. De concretarse ese acuerdo, luego deberá realizarse una audiencia para definir la pena, que podría alcanzar hasta 25 años de prisión. Entretanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar si hubo más víctimas y si otras personas participaron de los hechos investigados.
