La Justicia de Río Negro acusó a una profesora de natación y a un guardavidas por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de un niño de 11 años ocurrida el 22 de diciembre de 2023 durante una clase de natación en una pileta municipal de Roca, en un caso que ahora busca determinar si hubo negligencia en el cuidado o si se trató de una tragedia imposible de evitar.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, ambos imputados estaban a cargo de un grupo reducido de seis chicos, cuando ocurrió el hecho. En ese contexto, se les indicó un ejercicio dentro del agua, pero algo salió mal: mientras el resto de los menores logró salir a la superficie, la víctima no lo hizo. Lo más grave, y lo que ahora está bajo la lupa judicial, es que esa situación habría sido advertida recién minutos después.
Fue entonces cuando la escena se volvió desesperante. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, la profesora y el guardavidas sacaron al menor del agua e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia. Sin embargo, ya era tarde. El niño había sufrido un episodio de ahogamiento por sumersión que derivó en una asfixia fatal.
Pero el foco de la causa no está solo en lo que pasó, sino en lo que no se hizo a tiempo. Los investigadores sostienen que existió una "omisión del deber de cuidado", es decir, una falta de control efectivo en una actividad que, por su propia naturaleza, exige vigilancia constante. En otras palabras: el tiempo que el chico permaneció bajo el agua sin ser advertido podría haber sido determinante para el desenlace.
En esa línea, la imputación por homicidio culposo, prevista en los artículos 45 y 84 del Código Penal, apunta directamente a esa presunta negligencia. No se habla de intención, pero sí de una conducta imprudente o descuidada que habría tenido consecuencias irreversibles.
Ahora bien, del otro lado, la defensa cuestionó con fuerza la acusación. El defensor penal público aseguró que no existen elementos suficientes para formular cargos en esta instancia y planteó la necesidad de realizar un estudio histopatológico para determinar con precisión la causa de la muerte. La estrategia es clara: existe la posibilidad de que el niño haya sufrido una patología previa que desencadenó el hecho, incluso en un escenario de cuidado adecuado.
En medio de estas dos versiones contrapuestas, la jueza de Garantías fue contundente al definir el escenario: hay dos teorías en pugna y será la investigación la que determine cuál prevalece. Por un lado, la hipótesis de negligencia sostenida por la fiscalía y la querella; por el otro, la posibilidad de una muerte inevitable planteada por la defensa.
Además, la magistrada dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para profundizar la investigación penal preparatoria. Durante ese tiempo, la causa se jugará en un terreno clave: el de la prueba científica y técnica.
En ese sentido, el expediente ya cuenta con un importante volumen de evidencia. Entre otros elementos, se incorporaron el acta policial de la Comisaría 21°, informes médicos, entrevistas a testigos, registros de cámaras de seguridad, pericias criminalísticas, la autopsia y su ampliación forense, además de informes municipales y declaraciones obtenidas mediante Cámara Gesell.
