La justicia neuquina le extendió la prisión domiciliaria y las medidas de coerción que pesan sobre cuatro personas imputadas por una tentativa de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad, en el marco de un legajo que tramita en la provincia de Neuquén.
El caso se originó el 20 de agosto de 2025, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol dentro de una vivienda de la ciudad de San Martín de los Andes. De acuerdo con lo informado oportunamente, se trata del principal testigo en una investigación por microtráfico de drogas, y su situación fue evaluada por la fiscalía como de riesgo grave, motivo por el cual desde el inicio del proceso se insistió en la adopción de medidas estrictas para garantizar su protección y el normal desarrollo de la investigación.
Según la acusación fiscal, los imputados y la imputada privaron ilegítimamente de su libertad a la víctima, a quien mantuvieron encerrada en una vivienda de manera conjunta y premeditada, donde la sometieron a un padecimiento deliberado mediante un accionar de extrema violencia. En el hecho también intervino un adolescente menor de 18 años, que no es punible. La víctima logró escapar arrojándose por la ventana de una habitación.
Al momento de formular cargos, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó los delitos de homicidio calificado por ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, y privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia, agravados por la intervención de un menor de edad, todos ellos en calidad de coautores y en concurso real entre sí.
En la audiencia realizada este miércoles, la asistente letrada Gabriela Pellico explicó que las condiciones respecto de los riesgos procesales no cambiaron y solicitó que las medidas cautelares vigentes se extiendan hasta el 28 de marzo, fecha de vencimiento del plazo de investigación.
El juez hizo lugar al planteo y resolvió prorrogar la prisión domiciliaria de C.I.V., S.A.C., J.A.L. y M.J.S., al considerar que persisten los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga y la necesidad de proteger a la víctima, dada su condición de testigo clave en otra causa penal. Tras escuchar a las partes, también advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en las detenciones domiciliarias derivará en su inmediata revisión.
Luego, la asistente letrada pidió extender las medidas de coerción respecto de otras dos personas imputadas en la investigación: D.A.A y J.M.M.B.
Respecto de D.A.A., el juez hizo lugar al pedido y resolvió mantener las medidas de menor intensidad que viene cumpliendo, entre ellas la prohibición de contacto e intimidación con testigos y la obligación de presentarse dos veces por semana en una comisaría, medida que también fue prorrogada hasta el 28 de marzo.
En el caso de J.M.M.B., quien se encuentra en prisión domiciliaria por riesgo de fuga en el marco de distintos legajos, también se extendieron las medidas. El juez resolvió prorrogarla medida, pero autorizó de manera excepcional salidas laborales controladas, con un régimen reforzado de controles policiales tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo.
