El escándalo por el robo de armas en el Poder Judicial de Roca sumó una confirmación oficial clave: el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna asumió formalmente la investigación junto a un equipo propio, para evitar suspicacias, favoritismos o amiguismos a la hora de seguir cada una de las pistas. La causa ya tiene cinco personas bajo investigación, en un expediente que expone una trama cada vez más delicada y que deja expuestas graves falencias puertas adentro de la Justicia.
Como anticipó wwww.mejorinformado.com, pese a la desmentida oficial del Ministerio Público, la lógica indicaba que la causa no podía seguir en la órbita de la Ciudad Judicial de Roca, por eso la intervención del equipo de Cipolletti no fue una decisión menor. Por el contrario, se trata de una medida directa tomada por el fiscal general de la provincia Fabricio Brogna para garantizar transparencia en una causa que sacudió los cimientos del sistema judicial. Márquez Gauna no estará solo: lo acompañan fiscales y personal de su confianza. El equipo está integrado por la fiscal del caso Rocío Guiñazú, la fiscal adjunta de Roca, Vanesa Giardina y la jefa de despacho del Ministerio Público de Cipolletti, Romina Nuñez intentarán reconstruir cómo desaparecieron 119 armas que debían estar bajo estricta custodia.
En una de las primeras medidas tomadas por Márquez Gauna, fue seguir peronaslmente cómo es el camino de los secuestros judiciales y sobre todo, quién o quiénes tiene la llave de las dos oficinas del 8° piso de la Ciudad Judicial de Roca, ubicadas frente a la Oficina Judicial, donde se guardaban los secuestros. Incluso, hasta se entrevistó con el gerente administrativo, para saber cuáles son las condiciones de seguridad del edificio y de cada una de las dependencias.
Un dato calve que surgió fue las distintas formas de acceder a los pisos. Por un lado las escaleras de tránsito público, pero también hay asensores para traslado de detenidos que salen a los pasillos y otros para el movimiento de funcionarios y jueces, que tiene acceso directamente a las oficinas y despachos. En estos, no hay impedimentos para que el resto del personal también los utilice o llaves que lo impida.
Cinco investigados
Con el avance de la investigación, se confirmó un dato que agrava aún más el escenario. Por ahora son cinco las personas que están en la mira. Por un lado, tres empleados judiciales, sobre quienes ya pesan sumarios administrativos internos y que fueron separados de sus tareas específicas. Se trata de dos agentes de amplia antigüedad en el Poder Judicial, quienes cumplían funciones específicas dentro de las oficinas de secuestros, y el restante, un empleado de la Oficina Judicial, encargado de ordenar el traslado esas pruebas hasta las audiencias.
Las otras dos personas, son ajenas al la estructura judicial. En las últimas horas, el raid mediático del abogado defensor Oscar Pineda, permitió establecer que durante el fin de semana se les allanó sus domicilios en búsqueda de algún dato para seguir el camino de las armas desaparecidas. A ambos se les secuestró los teléfonos celulares y distintos dispositivos informáticos que serán analizados por la OITEL. La hipótesis es que serían los reducidores del botín robado de los deósitos judiciales de Roca.
Sin embargo, y pese al avance de las pruebas y la identificación de los sospechosos, la causa todavía no tiene imputados formales. Esto se debe a que aún no se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos, un paso clave que marcará el inicio formal del proceso penal contra los involucrados.
Mientras tanto, el expediente sigue creciendo en complejidad. La aparición de armas en la calle, los faltantes detectados en los depósitos y en una fiscalía y ahora la confirmación de una posible red con participación interna y externa dibujan un escenario muy complejo. Un caso que ya dejó de ser un escándalo administrativo para convertirse en una investigación penal de alto impacto, con consecuencias que podrían golpear de lleno al corazón del sistema judicial.
