Después de semanas de permanecer en secreto y tras la creciente incomodidad puertas adentro, el Ministerio Público resolvió que la causa por el faltante de 114 armas en los tribunales de Roca pase a Cipolletti, donde será tramitada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, en un intento por garantizar imparcialidad y evitar cualquier tipo de afinidad que pueda comprometer la pesquisa, aunque la decisión ya genera críticas por considerarse tardía.
El movimiento no es menor. La causa, que había comenzado en Roca bajo la órbita de la fiscal jefa Teresa Giuffrida, ahora cambia de escenario en medio de un escándalo que golpea de lleno a la credibilidad del sistema judicial. Según dejaron trascender fuentes vinculadas al caso, la decisión apunta a "enfriar" cualquier vínculo directo entre fiscales, empleados judiciales y la Oficina Judicial de la que depende el depósito donde se produjo el faltante.
Es que el contacto entre las fiscalías, la Oficina Judicial y los empleados sumariados es y seguirá siendo directo, diario y permanente.
El fiscal que allanó la Ciudad Judicial
El nombre que ahora queda al frente de la investigación no pasa desapercibido. Santiago Márquez Gauna no es un fiscal más. Hace apenas unos meses protagonizó un fuerte cortocircuito con el propio Ministerio Público de Roca cuando en persona estuvo al frente de un allanamiento en plena Ciudad Judicial, en una causa por entraderas que salpicaba a investigadores de una comisión especial vinculada a una fiscalía local. Aquella avanzada generó ruido interno y malestar.
Ahora, ese mismo fiscal queda a cargo de uno de los casos más delicados de los últimos años: reconstruir cómo desaparecieron más de 114 armas que debían estar bajo estricta custodia judicial. Un dato que por sí solo estremece, pero que se vuelve aún más grave si se tiene en cuenta que el último arqueo general del depósito se realizó en 2023, lo que deja una ventana de tiempo enorme sin controles efectivos.
Descubrimiento por casualidad
El caso, además, tuvo un origen casi casual pero revelador. Todo salió a la luz a partir de un procedimiento policial en el barrio Tiro Federal, donde se secuestró un arma que, al ser verificada, debía estar resguardada dentro de tribunales. Ese hallazgo encendió todas las alarmas y dejó al descubierto una irregularidad mucho mayor: un faltante masivo dentro de un área clave para la cadena de custodia de pruebas judiciales.
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia activó una investigación administrativa que ya tuvo consecuencias concretas: al menos tres empleados fueron apartados de sus funciones mientras se intenta determinar responsabilidades. Aun así, las preguntas centrales siguen sin respuesta: quién se llevó las armas, cuándo ocurrió y, sobre todo, dónde están ahora.
Así, con la causa ahora en manos de Márquez Gauna, el expediente entra en una nueva etapa que busca identificar a los culpables en toda la piramide. Porque si algo dejó en claro este escándalo es que no se trata solo de armas que faltan: se también de controles que fallaron.
