Una madrugada que terminó en tragedia
El 22 de septiembre de 2022, a las 4:10, una explosión sacudió la planta de la refinería New American Oil S.A. (NAO), en el Parque Industrial de Plaza Huincul. La secuencia fue rápida y devastadora: una emisión de vapores inflamables desde el sector de procesos, específicamente del Tanque 205, provocó una deflagración que derivó en un incendio de gran magnitud.
En ese escenario murieron tres trabajadores: Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara. Quedaron atrapados en una bola de fuego mientras intentaban llegar a la sala de bombas.
La acusación: fallas que no eran nuevas
Con el inicio del juicio, el Ministerio Público Fiscal puso sobre la mesa una hipótesis clara: lo ocurrido no fue un hecho aislado ni imprevisible.
El fiscal jefe Gastón Liotard sostuvo en su alegato de apertura que la explosión fue consecuencia de “múltiples incumplimientos en materia de seguridad industrial y control de riesgos”. La investigación apunta a una serie de decisiones y omisiones que, según la acusación, generaron las condiciones para el desastre.
Cinco imputados —de los que solo se brindaron sus iniciales: G.F.M.T.M; S.F.S; G.B; C.N.G; y A.E.N— enfrentan cargos por estrago doloso agravado por el resultado de muerte, una de las figuras más graves del Código Penal en este tipo de hechos.
Un juicio con decenas de pruebas y testimonios
El proceso se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Alina Macedo Font, y se prevé que se extienda hasta fines de abril.
Durante el debate, la fiscalía —que también integra la fiscal del caso Ana Mathieu— buscará sostener la acusación con más de 40 testimonios, además de pruebas documentales y pericias técnicas.
Las querellas, que representan a las familias de las víctimas, acompañan el planteo y también impulsan el esclarecimiento completo de lo ocurrido.
Un caso que ya tuvo una decisión polémica
Uno de los nombres que aparecía en la causa, el exgerente general R.G.A., no está en el banquillo. Su situación fue resuelta mediante una suspensión de juicio a prueba, una salida que el propio Ministerio Público Fiscal y las querellas habían rechazado.
La medida fue concedida por un Tribunal de Impugnación y luego confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. Como parte de las condiciones, deberá cumplir tareas comunitarias, someterse a controles, realizar una donación a cuarteles de bomberos que intervinieron en el incendio y mantener prohibición de contacto con los familiares de las víctimas.
Lo que está en juego
El juicio no solo busca establecer responsabilidades individuales. También expone cómo funcionaban los controles, qué se hacía —y qué no— para prevenir riesgos en una actividad de alta peligrosidad.
La fiscalía intentará demostrar que había señales suficientes para evitar el desenlace. Ahora, con el debate en marcha, cada testimonio y cada pericia serán clave para reconstruir qué pasó en esos minutos y por qué terminó de la peor manera.
