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Dictaron el arresto domiciliario para el bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia en su casa de Esquel

Miguel Batista, de 71 años, está imputado por mantener presuntamente encerrados y en condiciones de vulnerabilidad a su mujer y tres hijos, dos de ellos menores. Cumplirá la medida en una vivienda y no podrá acercarse ni tener contacto con los adolescentes.

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Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 19:52
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La Justicia de Esquel dispuso que Miguel Edgardo Battista cumpla arresto domiciliario por 30 días - Foto: abcDiario

Este viernes, en una audiencia a puertas cerradas y sin presencia de la prensa, la Justicia de Esquel resolvió que Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años investigado por el presunto encierro de su esposa y sus tres hijos, cumpla 30 días de arresto domiciliario. La decisión fue adoptada este viernes por el juez José Luis Ennis, durante una audiencia en la que se analizó la continuidad de las medidas de coerción contra el imputado.

Ennis consideró que aún existen indicios de probabilidad de autoría y riesgos procesales que justifican mantener una restricción de la libertad del imputado. Sin embargo, tuvo en cuenta la edad del acusado para disponer una modalidad de detención domiciliaria en lugar de la prisión preventiva en una unidad carcelaria.

La medida deberá cumplirse en una vivienda determinada, de la que Battista no podrá salir sin autorización judicial. Además, el juez estableció una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con sus hijos, por cualquier vía. El incumplimiento podría derivar en su regreso a una cárcel común.

Miguel Edgardo Battista, el bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia, ante el juez de Esquel - Foto: Archivo

Por qué la Justicia le concedió el arresto domiciliario

Durante la audiencia, tal como publica el medio abcDiario, la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, acompañada por el fiscal Fidel González, solicitó que la prisión preventiva se extendiera por 30 días. Entre los argumentos de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvieron el arraigo considerado insuficiente del imputado, la falta de un vínculo familiar actual con su esposa e hijos y la posibilidad de que sus recursos económicos le permitan abandonar la región y eludir el accionar judicial.

La Fiscalía también advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posibilidad de interferir en los testimonios de las víctimas y de otras personas convocadas a declarar.

Por su parte, la defensa de Battista se opuso al planteo y presentó testigos para acreditar que el bioquímico de 71 años tiene radicación en la zona. Como alternativa, ofreció un inmueble para que pudiera cumplir un eventual arresto domiciliario.

En su resolución, Ennis entendió que los riesgos procesales continúan vigentes, pero consideró relevante que el acusado tiene 71 años. En ese marco, evaluó que una eventual condena de cumplimiento efectivo podría habilitar la modalidad domiciliaria por razones de edad y aplicó ese criterio a la situación preventiva.

La prohibición de contacto con sus hijos

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la protección de los tres hijos del imputado, de 19, 17 y 13 años. Por pedido expreso de la Asesoría de Familia, representada por Marcos Ponce, el juez dispuso que Battista no pueda acercarse ni comunicarse con ellos por ningún medio.

La restricción alcanza cualquier modalidad de contacto y busca evitar interferencias mientras continúa la investigación judicial. El juez advirtió que una eventual transgresión de esa disposición podría provocar que el acusado vuelva a quedar alojado en una unidad penitenciaria.

La audiencia se desarrolló bajo estricta reserva para preservar la intimidad de las víctimas, en particular de los dos adolescentes. La Fiscalía y la Asesoría de Familia coincidieron en la necesidad de evitar la difusión de información que permita exponerlos.

La fachada de la casa de Esquel donde rescataron a la esposa y los tres hijos de Battista - Foto: Archivo

Cómo se originó la causa y qué investiga la Justicia de Esquel

La causa se originó a partir de una investigación que permitió rescatar, el pasado jueves 22 de octubre, a una mujer y sus tres hijos de una vivienda de Esquel. Según la hipótesis fiscal, los integrantes de la familia habrían permanecido encerrados y en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El procedimiento tuvo como antecedente las alertas de vecinos y la intervención de organismos de protección de derechos. La situación detectada motivó la actuación de la Justicia y la asistencia de los integrantes de la familia.

Desde entonces, la investigación busca establecer las circunstancias en las que vivían las presuntas víctimas, el tiempo durante el cual se habría prolongado esa situación y las responsabilidades que le podrían corresponder al acusado.

La causa incluye declaraciones realizadas mediante Cámara Gesell y distintas pericias que todavía están en curso. Esos elementos fueron considerados por el juez al evaluar el estado del expediente y la continuidad de las medidas cautelares.

La situación de las víctimas y el avance de la investigación

La intervención de la Asesoría de Familia y del Juzgado de Familia forma parte del dispositivo de protección y acompañamiento de los integrantes de la familia. La reserva judicial dispuesta durante la audiencia apunta especialmente a resguardar a los dos hijos menores de edad, que requieren medidas de protección y asistencia psicológica.

Mientras tanto, la Fiscalía deberá continuar con la producción de pruebas, profundizar las declaraciones y completar las pericias pendientes. El resultado de esas diligencias será importante para determinar cómo avanza la investigación y si corresponde modificar la situación procesal del imputado.

Qué pasará ahora con Miguel Edgardo Battista

Con la resolución de este viernes, Battista permanecerá bajo arresto domiciliario durante 30 días, sujeto a las condiciones establecidas por el juez Ennis. La investigación continúa abierta y la Fiscalía deberá avanzar con las pruebas necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

Durante esos 30 días también seguirá vigente la prohibición de acercamiento y comunicación con sus hijos. Cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría derivar en una nueva decisión judicial sobre su lugar de detención.

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