Miguel Edgardo Battista, un hombre de 71 años que se presentaba como bioquímico, farmacéutico y médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, quedó en el centro de una investigación judicial en Esquel, Chubut, acusado de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona. La Justicia investiga si mantuvo aisladas a su esposa y sus tres hijos dentro de una vivienda familiar.
Battista, con domicilio en Esquel, había construido una trayectoria vinculada al ámbito científico y aseguraba contar con especializaciones, entre ellas un doctorado en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas. También afirmó haber trabajado en el desarrollo de “vacunas inmunológicas” y en investigaciones relacionadas con toxinas presentes en hongos superiores junto al Conicet.
Durante la pandemia de coronavirus, en 2020 y 2021, apareció en entrevistas con medios nacionales donde habló desde su rol profesional. Sin embargo, ahora sus antecedentes académicos y profesionales forman parte de los aspectos que la Fiscalía busca verificar dentro de la causa.
La denuncia que activó la investigación
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 10 de octubre en la Comisaría de Esquel por una vecina del barrio donde vivía la familia. La mujer alertó sobre una serie de situaciones que consideró llamativas, entre ellas gritos durante la noche, la falta de presencia de los hijos en el exterior de la vivienda y ventanas que permanecían cubiertas de manera constante.
A partir de esa presentación, las actuaciones fueron derivadas al Juzgado de Familia, que envió al Equipo Técnico Interdisciplinario para evaluar la situación. Sin embargo, al llegar al domicilio ubicado en Pasaje La Cascada al 600, Battista atendió a los profesionales pero les habría impedido ingresar y tomar contacto con los integrantes de la familia.
Ante el informe de los especialistas, que advertía sobre un posible “riesgo inminente”, la Fiscalía inició una investigación y solicitó una orden de allanamiento de urgencia.
El operativo y la situación de la familia
El allanamiento se concretó el 22 de octubre y contó con la participación de la Brigada de Investigaciones, la Policía Comunitaria, el Servicio de Protección de Derechos del Municipio, profesionales de Salud Mental del Hospital de Esquel y peritos médicos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, dentro de la vivienda se constató una situación de vulnerabilidad. La casa contaba con varias habitaciones y, tras el procedimiento, la mujer de 41 años y sus tres hijos fueron derivados al hospital para recibir asistencia médica y psicológica.
Dos de los hijos son menores de edad. La Justicia analiza ahora distintos aspectos de la situación familiar, entre ellos el estado de salud de los integrantes, la escolarización de los jóvenes y las condiciones en las que vivían.
La imputación y las dudas sobre su historia profesional
Battista fue imputado de manera provisoria por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo. Como medida preventiva, el juez dispuso su prisión preventiva por un plazo inicial de 10 días para evitar posibles interferencias en la investigación.
Entre los puntos que deberá determinar la Justicia se encuentran si existió una situación de encierro, si hubo control sobre los movimientos de la mujer y sus hijos y durante cuánto tiempo se habría extendido esa situación.
Durante la audiencia, el acusado habló sobre su formación y trayectoria profesional, aunque desde la Fiscalía aclararon que esos datos deberán ser corroborados. También se indicó que será necesario realizar evaluaciones de salud mental para determinar su grado de conciencia sobre los hechos investigados.
Una causa que generó conmoción en Esquel
El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad de Esquel, donde Battista era conocido por su perfil vinculado a la actividad científica y profesional. Desde el Ministerio Público Fiscal pidieron prudencia en la difusión de información debido a la complejidad del expediente y a la presencia de menores de edad entre las personas afectadas.
Mientras avanza la investigación, la vivienda permanece bajo custodia policial y la familia continúa recibiendo asistencia de los equipos especializados. La Fiscalía tendrá un plazo para reunir pruebas, tomar declaraciones y determinar si corresponde avanzar hacia una acusación formal.
