La investigación por la muerte de Alexis Oscar “Pipa” Rogers avanza y suma elementos que podrían complicar seriamente a los acusados. El hombre de 51 años murió tras ser reducido por personal de seguridad en la puerta del bar Sutton, y las primeras conclusiones forenses apuntan a un escenario mucho más grave de lo que se conocía inicialmente.
Mientras los cuatro patovicas continúan detenidos e imputados por homicidio, la fiscalía deberá definir en las próximas horas si solicita la prisión preventiva, en un expediente que empieza a robustecerse con pruebas clave.
El dato más contundente surge de la autopsia. Aunque aún no fue incorporada formalmente al expediente, los resultados preliminares indicarían que la muerte se produjo por “asfixia mecánica”, lo que, según la querella, equivale a un ahorcamiento intencional. De confirmarse, este elemento podría ser determinante para sostener la acusación más grave.
El caso está en manos de la fiscal Lorena Carpovich, titular de la UFI N°21 de San Martín, quien ya tomó declaración indagatoria a los cuatro acusados: Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza.
La reconstrucción del hecho, apoyada en cámaras de seguridad y testimonios, describe una escena de extrema violencia. Todo ocurrió en la madrugada del sábado, cuando Rogers intentó ingresar al local tras haber salido a celebrar el nacimiento de su nieta. El ingreso le fue negado y, tras un cruce, la situación escaló rápidamente.
Según los registros y relatos, el hombre fue reducido en la vereda y sometido con una maniobra en el cuello, mientras recibía golpes. Minutos después, colapsó.
Uno de los testimonios más relevantes es el de su hijo, Ezequiel Rogers, de 23 años, quien presenció toda la secuencia. En su declaración aseguró que dos de los patovicas sujetaron a su padre del cuello hasta asfixiarlo, mientras otro lo golpeaba. Él mismo también resultó herido, al igual que un amigo que los acompañaba.
La querella, representada por el abogado Emiliano Gareca, ya anticipó que pedirá la prisión preventiva para los acusados y no descarta ampliar la investigación. El foco podría extenderse al dueño del local e incluso al municipio, en busca de posibles responsabilidades adicionales.
En paralelo, la Municipalidad de San Miguel clausuró el bar y aportó material clave a la causa, incluyendo las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, se secuestraron los celulares de los imputados para ser peritados, en busca de nuevos indicios.
