La fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén, solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por su participación en la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante universitario visto por última vez en el interior del boliche “Las Palmas”, durante la madrugada del 14 de junio de 2003, cuando tenía 18 años.
En su requerimiento presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, la fiscal sostuvo que la seguridad del local, integrada por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles, estuvo implicada e intervino en la desaparición de Ávalos.
Además cree que junto a personal de mantenimiento, limpieza y administrativo del lugar “debieron conocer lo sucedido”, se negaron a proporcionar información de lo ocurrido hasta la actualidad, “obstruyendo e impidiendo, cada uno en la medida de sus posibilidades el avance del caso”.
De esta manera, acusó a once personas como coautores y a ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona, contemplado en el artículo 142 ter del Código Penal y que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Entre los imputados se encontraban quienes integraban el personal de seguridad, compuesto por seis militares del Ejército (que revistaban en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6), cinco efectivos de la Policía de Neuquén y tres civiles.
Qué sostiene la acusación
La fiscalía sostiene que la desaparición de Sergio Ávalos ocurrió en el marco de una estructura organizada dentro del boliche El Fuerte, integrada por personal de seguridad —entre ellos efectivos del Ejército Argentino y de la Policía de Neuquén— y empleados del local. Según la acusación, el dueño y el encargado, ambos imputados, dirigían y coordinaban ese funcionamiento.
Para el Ministerio Público Fiscal, se trataba de un “aparato de violencia organizado”, con un modo de actuar previamente establecido. Aunque Ávalos continúa desaparecido, la fiscalía considera que reunió pruebas suficientes para elevar la causa a juicio contra los imputados.
Cómo funcionaba la seguridad
Según la investigación, el personal de seguridad mantenía un control permanente de lo que ocurría dentro y fuera del boliche y actuaba de manera violenta ante distintos conflictos. La fiscalía indicó que existían antecedentes de agresiones contra clientes y que, ante algún inconveniente, algunas personas eran llevadas al llamado “cuartito de seguridad”, donde eran golpeadas y agredidas verbalmente.
Los guardias, además, se comunicaban mediante handies para informar sobre las situaciones que ocurrían en el local. El boliche también contaba con cámaras en sectores estratégicos, como las barras, cajas, la taquilla y los accesos, lo que, según la fiscalía, permitía al dueño y al encargado mantener un estricto control sobre el personal y los movimientos dentro del establecimiento.
Además, la fiscalía rechazó que aquella haya sido una noche “tranquila y sin novedades”. Durante la investigación se detectaron al menos una pelea que dejó sangre en la enfermería, una agresión en el denominado “túnel” y otro conflicto relacionado con el sistema de “ticket-vaso”.
También se analizaron irregularidades posteriores a la desaparición, entre ellas la destrucción de documentación policial y la falta de una anotación en el parte diario de novedades del Hospital Castro Rendón sobre una llamada realizada por una persona que aseguró saber qué había ocurrido.
“Con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias que aún se desconocen”, concluyó Tiscornia en el requerimiento fiscal.
La víctima en el proceso penal
En otra parte del requerimiento, la fiscal Tiscornia indicó que este delito “es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: por un lado, para la víctima directa, y por el otro para los miembros de la familia, quienes esperan en vilo en la gran mayoría de estos casos -durante muchos años- noticias o información acerca de su ser querido”.
Tiscornia indicó que “se considera víctima del delito de desaparición forzada a la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”.
En este caso, Sergio es víctima, así como también su familia: su madre Margarita Nicoleu (fallecida en 2010), su padre Asunción Ávalos, de 93 años, y sus tres hermanos, quienes han sufrido el perjuicio directo de su desaparición y que hace 23 años lo siguen buscando.
