En estos días se confirmó el procesamiento del dueño del boliche Las Palmas por el caso Sergio Ávalos, estudiante de la Facultad de Economía y Administración que fue visto por última vez el 14 de junio de 2003.
Según el abogado Bruno Vadalá, designado por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para integrarse en calidad de “amicus curiae”, la causa reúne “todos los elementos para que la causa vaya a juicio oral y público”.
Vadalá explicó en declaraciones a radio Universidad CALF, que la confirmación de la Cámara Nacional de Casación del fuero penal de 8 procesamientos de un total de 19 que fueron apelados permite que “la causa avance a siguiente estadio que es la elevación para la realización del juicio oral y público”.
“Cada paso que se logra, cada batalla judicial ganada es un punto a favor de la búsqueda de la verdad”, dijo el abogado convocado por la UNCo en 2023 para sumarse desde la figura de “amicus curiae”.
“Es una deuda de nuestra democracia y sociedad saber qué pasó con Sergio y es importantísimo que se den estos avances”, añadió Vadalá.
Las idas y vueltas en el caso
El abogado repasó la historia del expediente judicial que se dirime en la Justicia Federal. Recordó que en julio del 2025, el juez de primera instancia, Gustavo Villanueva procesó a 19 personas y la decisión fue apelada ante la Cámara de Roca para revocar el procesamiento de 8 de los involucrados por el juez.
La Cámara de Roca avaló el pedido de las defensas y el ministerio Publico Fiscal y la parte acusadora acudieron a la Cámara Nacional de Casación para revertir ese fallo de segunda instancia, que es el que se acaba de conocer el 30 de junio último.
Vadalá dijo que el fallo de la Cámara de Casación dice que la decisión de la Cámara de Roca, que intentó dejar afuera a 8 de los 19 procesados, “fue apresurada, prematura y arbitraria”, y por la importancia que tiene el caso “invita a que tribunales adopten medidas para la causa avance con premura”.
El abogado explicó que ahora el juez Villanueva debe cerrar la instrucción y elevar el expediente a juicio, pero aclaró que será el Tribunal Oral Federal el que finalmente fije la fecha de realización.
El rol de la UNCo y el delito atribuido
La UNCo se sumó a la causa en calidad de «amicus curiae» en el 2023 y retomó un acompañamiento jurídico que estuvo interrumpido. Puso como representante al abogado Vadalá que brindó informes regulares sobre el avance del expediente ante los y las representantes del Consejo Superior.
En 2014, la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la causa que se investigaba en instancias de la justicia provincial era una desaparición forzada de personas, un delito que no prescribe. Tal encuadramiento jurídico permitió el traslado del expediente al fuero federal en el que hoy se encuentra y ese dictamen de Gils Carbó fue ratificado luego por la Corte Suprema de Justicia.
19 personas a juicio
La última novedad es que el tribunal revocó la resolución de la Cámara Federal de General Roca que había desvinculado a ocho imputados y dejó nuevamente firmes los procesamientos dictados por el juez federal Gustavo Villanueva.
Con esta decisión, los 19 acusados vuelven a quedar alcanzados por la investigación y la causa avanza hacia el juicio oral.
El fallo fue firmado el 30 de junio por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes sostuvieron que el análisis sobre la responsabilidad de cada imputado debe realizarse durante el debate oral y no en la etapa de procesamiento.
