Los tres policías condenados por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray durante una capacitación del COER seguirán en libertad, pese a que las instancias de revisión provincial de sus condenas prácticamente se agotaron y la Fiscalía pidió que se ordenara la prisión preventiva. El tribunal rechazó el encarcelamiento, pero endureció las condiciones cautelares: Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali Méndez deberán utilizar dispositivos de monitoreo, presentarse semanalmente en una comisaría, no podrán salir de sus respectivas ciudades sin autorización judicial y tienen prohibido abandonar el país.
La decisión vuelve a poner bajo la lupa un caso que nació de una capacitación que terminó con la muerte de un joven policía de apenas 25 años y que, desde abril de 2021, expuso una cadena de excesos, abusos de autoridad y graves falencias en la organización y seguridad del entrenamiento destinado a preparar a los aspirantes para ingresar a una de las brigadas de elite de la Policía de Río Negro.
Ahora, cinco años después, el escenario volvió a cambiar. El fiscal Guillermo Ortiz pidió la prisión preventiva de los tres condenados porque, según sostuvo, el proceso ingresó en una etapa completamente diferente. El 10 de agosto fue declarado inadmisible el recurso de queja presentado por las defensas contra el fallo del Tribunal de Impugnación III. Para el Ministerio Público, ese paso redujo todavía más el margen de maniobra dentro de la Justicia provincial y aumentó el incentivo para que los condenados puedan fugarse.
Ortiz fue directo: las penas son de cumplimiento efectivo y ya fueron sometidas a las instancias de revisión provincial. En ese contexto, sostuvo que no puede evaluarse de la misma manera el riesgo de fuga que existía durante el juicio. Los tres policías Gattoni, Nahuelcheo y Vitali Méndez permanecieron durante años a disposición de la Justicia, pero según la Fiscalía lo hicieron mientras todavía tenían la expectativa de una absolución. Ahora, con las condenas cada vez más cerca de quedar firmes, esa situación habría cambiado.
El planteo fiscal incluyó además un argumento que generó una fuerte reacción de las defensas: la formación que tuvieron los condenados como integrantes de fuerzas policiales de elite. Para Ortiz, esa experiencia podría otorgarles herramientas para intentar escapar. Incluso puso bajo la lupa la situación de Vitali Méndez por residir en Bariloche, una ciudad cercana a pasos fronterizos.
Sin embargo, las defensas respondieron que la Fiscalía estaba construyendo un riesgo de fuga sobre hipótesis y no sobre hechos concretos. Y allí apareció uno de los argumentos más fuertes de la audiencia: durante cinco años, Gattoni, Nahuelcheo y Vitali Méndez estuvieron sometidos a diferentes medidas cautelares y ninguno se fugó, incumplió una orden judicial o intentó abandonar el proceso.
Por eso, los abogados insistieron en que la conducta histórica de los condenados es la mejor evidencia para determinar qué harán en el futuro. Nahuelcheo, por ejemplo, continuó presentándose periódicamente en la comisaría correspondiente sin necesidad de que su defensor tuviera que recordárselo. Vitali Méndez, en tanto, ya utiliza una tobillera electrónica y mantiene su vida familiar y laboral en Bariloche.
La querella, en cambio, acompañó el pedido de cárcel. Damián Torres puso el foco en el tiempo que lleva la causa y en el largo recorrido que tuvo que atravesar la familia de Gabriel Mandagaray para llegar nuevamente al punto en el que los tribunales provinciales ratificaron las condenas.
El reclamo de los padres del joven fallecido, los exjefes policiales Antonio Mandagaray y Adriana Fabi, volvió a quedar expuesto durante la audiencia. Para la familia, después de cinco años de proceso, la discusión debería estar mucho más cerca de una sentencia definitiva y no nuevamente centrada en medidas cautelares.
Pero el tribunal tomó otro camino. El juez Carlos Reussi, acompañado por Marcelo Álvarez e Ignacio Gandolfi, entendió que la prisión preventiva no podía disponerse solamente por el avance de la condena. También recordó que todavía existe la posibilidad de que la Corte Suprema revise el caso y que, mientras esa instancia permanezca abierta, corresponde actuar con máxima prudencia.
El magistrado reconoció que hubo un cambio sustancial en el expediente. Incluso destacó la particular paradoja que se produjo durante la audiencia: mientras anteriormente una defensa había solicitado que se retirara una tobillera, ahora las propias defensas planteaban ese mecanismo como alternativa frente al pedido de encarcelamiento.
Así, el tribunal encontró un punto intermedio. No ordenó la prisión preventiva, pero tampoco dejó a los tres condenados bajo las mismas condiciones que tenían hasta ahora. Gattoni y Nahuelcheo deberán colocarse una tobillera electrónica, mientras que Vitali Méndez continuará con el dispositivo que ya utiliza. Los tres deberán presentarse una vez por semana en la dependencia policial más cercana a sus domicilios.
Además, no podrán salir de sus ciudades sin autorización judicial y tienen prohibido abandonar el país. Es decir, seguirán libres, pero con un cerco judicial mucho más estrecho mientras intentan llegar a la instancia federal.
La muerte de Mandagaray en el mar
La tragedia que ocurrió el 15 de abril de 2021, a unos 40 kilómetros de Bahía Creek. La capacitación que debía preparar a jóvenes aspirantes para formar parte del COER terminó revelando una metodología atravesada por el autoritarismo, la humillación y prácticas que excedieron cualquier límite razonable de entrenamiento.
Los cursantes fueron sometidos a un desgaste físico y psicológico extremo, con heridas en manos y pies y situaciones que fueron descriptas durante el proceso judicial como prácticas humillantes. Hubo episodios de exposición a excrementos, ingreso al mar durante la madrugada y otras exigencias que quedaron incorporadas a la investigación.
Y fue en ese contexto que llegó el momento que terminó marcando para siempre el caso Mandagaray. El oficial fue obligado a ingresar al mar junto con otros dos policías, los tres vestidos con el uniforme completo, borceguíes y armamento reglamentario, mientras debían transportar entre los tres un tronco de aproximadamente dos metros. Había un dato que debió encender todas las alarmas: Mandagaray había advertido que no sabía nadar.
El joven ingresó al agua y terminó muriendo por asfixia por sumersión. Las pericias establecieron además que antes de ahogarse sufrió una fuerte lesión en la cabeza, con hemorragias, en medio del enorme estrés físico y psicológico al que había sido sometido durante la capacitación.
Ahora, las condenas están cada vez más cerca de atravesar el último filtro judicial. La prisión preventiva que reclamaron Fiscalía y querella fue rechazada, pero el tribunal dejó claro que la situación cautelar ya no es la misma. Los tres condenados deberán permanecer monitoreados, presentarse semanalmente y permanecer dentro de Río Negro mientras la causa avanza hacia la Corte Suprema.
