La Justicia de Bolivia confirmó el traslado de Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en La Paz, donde cumplirá una prisión preventiva de seis meses en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, el caso sumó un nuevo capítulo en Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó una comisión especial para investigar el posible uso de bots y campañas de desinformación vinculadas con procesos electorales.
La defensa del consultor político había intentado frenar el traslado y planteó que Cerimedo ya se encontraba detenido preventivamente en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y que desde allí podía ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y ratificó el cambio de establecimiento.
Durante la audiencia, Cerimedo volvió a negar las acusaciones y rechazó haber tenido influencia sobre las decisiones del presidente boliviano Rodrigo Paz. El consultor permanece detenido desde agosto, luego de haber sido acusado de participar como presunto autor intelectual del ataque contra su expareja, Nadia Beller.
La investigación por enriquecimiento ilícito avanza de manera paralela al expediente por el ataque. En un allanamiento realizado en una vivienda de La Paz vinculada a Cerimedo, las autoridades encontraron cerca de 50.000 dólares en distintas monedas y un sistema que describieron como una “granja de bots”, destinado a generar grandes cantidades de mensajes automatizados mediante cuentas falsas.
Ese hallazgo abrió además una nueva línea de investigación en Chile. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación de una comisión especial investigadora para analizar una posible manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante granjas de bots en elecciones y plebiscitos realizados en el país desde 2020.
La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) José Montalva y obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superando el mínimo de 62 votos necesario. La propuesta había sido rechazada en una primera votación realizada el día anterior.
El interés del Congreso chileno está relacionado, entre otros antecedentes, con el trabajo que Cerimedo habría realizado durante la campaña del Rechazo al plebiscito constitucional de 2022, vinculada a sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente chileno, José Antonio Kast.
A esto se sumaron las declaraciones de Beller, quien afirmó que Cerimedo había trabajado con el equipo de Kast durante su campaña presidencial. El mandatario chileno, sin embargo, negó haber contratado sus servicios. En una entrevista radial realizada el lunes, reconoció conocer al consultor, pero aseguró que no trabajó con él en ninguna de sus campañas y remarcó que su gobierno no mantiene asesorías con Cerimedo.
La comisión parlamentaria buscará determinar si existieron vínculos con organismos del Estado chileno y recopilar información sobre el uso de cuentas automatizadas, trolls, redes coordinadas, herramientas de inteligencia artificial, desinformación y mecanismos de manipulación algorítmica durante procesos electorales y plebiscitarios.
Los diputados opositores que promovieron la investigación también solicitaron explicaciones al Gobierno. El socialista Juan Santana anticipó que pedirá al Servicio Electoral de Chile (Servel) información sobre la eventual aparición de Numen o sociedades relacionadas en rendiciones de gastos electorales.
Su compañero de bancada Daniel Manoucheri reclamó que Kast y el Partido Republicano expliquen sus vínculos con Cerimedo y planteó la necesidad de conocer quiénes financiaron a los grupos involucrados. El independiente Jaime Araya sintetizó el objetivo de la iniciativa en una palabra: transparencia.
Montalva, por su parte, celebró la aprobación de la comisión y sostuvo que su creación demuestra el funcionamiento de las instituciones. Al mismo tiempo, cuestionó al oficialismo y planteó interrogantes sobre los motivos por los que algunos sectores se oponían a la investigación.
Mientras tanto, en Bolivia, Cerimedo deberá afrontar su traslado a Chonchocoro, una de las cárceles de máxima seguridad del país, mientras continúan las investigaciones que lo involucran.
