La Justicia Federal sostiene que una organización narco integrada por al menos 26 personas montó una aceitada estructura para trasladar cocaína desde el Alto Valle hasta Bariloche, utilizando vehículos particulares, mulas en colectivos de larga distancia, grupos masivos de WhatsApp y movimientos millonarios de dinero a través de billeteras virtuales. Tras la formulación de cargos, Julián Alberto Pérez, de 37 años, y Nicolás Alejandro Correa, de 28, continuarán detenidos con prisión preventiva, se les atribuye un rol clave dentro de la banda desbaratada por la Policía de Río Negro.
La resolución fue dictada por el juez federal Gustavo Zapata tras una extensa audiencia realizada en Roca, donde la fiscalía expuso parte de la investigación que se desarrolló durante más de 13 meses y que permitió reconstruir el funcionamiento de una red de narcotráfico con conexiones entre Allen y Bariloche.
Según la acusación, Pérez era uno de los encargados de transportar la droga desde el Alto Valle hacia Bariloche. Para llegar a esa conclusión, los investigadores utilizaron dispositivos de rastreo satelital y lectores de patentes. De acuerdo con los registros incorporados al expediente, el sospechoso realizó al menos 14 viajes a la ciudad andina entre febrero y mayo de este año.
Pero esos desplazamientos no pasaron desapercibidos. Los investigadores detectaron que muchos de los recorridos se realizaban durante horarios nocturnos y mediante rutas alternativas, una modalidad que para la fiscalía era compatible con tareas de transporte clandestino de estupefacientes.
Por su parte, Correa cumplía una función igualmente importante. La hipótesis de los investigadores sostiene que era el encargado de recibir la droga en Bariloche para luego distribuirla dentro de la estructura de comercialización que abastecía distintos puntos de la ciudad.
Además, la causa reveló una modalidad que llamó especialmente la atención de los investigadores: la utilización de grupos de WhatsApp para comercializar drogas a gran escala. Lejos del esquema tradicional de los pequeños puntos de venta barriales, la organización habría montado al menos tres grupos con entre 1.000 y 1.500 integrantes cada uno. Desde esos espacios virtuales, según la fiscalía, los administradores publicaban disponibilidad, organizaban entregas y hasta realizaban amenazas contra personas que mantenían deudas vinculadas al negocio ilegal.
Para infiltrarse en esos grupos, la Justicia Federal autorizó la intervención de agentes reveladores digitales. Gracias a esa herramienta, los investigadores lograron observar las operaciones desde adentro, identificar administradores y reconstruir parte del circuito de comercialización que conectaba el Alto Valle con la zona cordillerana.
Asimismo, los fiscales presentaron evidencia de movimientos económicos que refuerzan la hipótesis acusatoria. Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen transferencias bancarias y operaciones mediante billeteras virtuales por más de cinco millones de pesos entre Correa y quienes serían los líderes de la organización, varios de los cuales continúan prófugos y con pedido de captura vigente.
Durante los allanamientos realizados en Bariloche, las fuerzas de seguridad encontraron elementos que para la acusación reflejan el volumen económico de la actividad investigada. En el departamento donde fueron detenidos los sospechosos secuestraron 1,67 kilogramos de cocaína. Parte de la droga estaba fraccionada para su distribución y otra parte se encontraba compactada en un ladrillo que llevaba impreso el sello "Audi".
Pero eso no fue todo. También hallaron 16.565 dólares, 1.335.450 pesos argentinos en efectivo, balanzas de precisión y tres armas de fuego. Entre ellas aparecieron dos pistolas Glock, modelos 19 y 26, y una Bersa Thunder calibre 380, además de una importante cantidad de municiones.
Uno de los datos que más peso tuvo en la audiencia fue el valor estimado de la cocaína secuestrada. Según expuso la fiscalía, la sustancia incautada tendría un valor cercano a los 19.000 dólares en el mercado ilegal, una cifra que, para los investigadores, evidencia el nivel de recursos que manejaba la organización.
Las defensas intentaron desacreditar parte de la acusación y cuestionaron la contundencia de las pruebas presentadas. También sostuvieron que recibieron miles de archivos digitales con escaso tiempo para analizarlos antes de la audiencia. Sin embargo, el juez consideró acreditados los riesgos procesales y resolvió mantener detenidos a ambos imputados.
Finalmente, Zapata formalizó la investigación por el plazo de un año y ordenó que Pérez y Correa permanezcan en prisión preventiva durante 150 días, mientras avanzan las pericias sobre los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados. Para la Justicia, la causa recién comienza y todavía quedan piezas importantes por descubrir dentro de una estructura criminal que, según la acusación, logró tender una ruta de la droga entre Allen y Bariloche durante meses sin ser detectada.
