La muerte de Gabriel Mandagaray, el joven policía que murió durante un curso del COER en 2021 en Bahía Creek, volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Esta vez, el Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó las condenas para cuatro policías que estuvieron a cargo de ese entrenamiento.
La decisión llegó después de que el Superior Tribunal de Justicia ordenara revisar otra vez todo el caso. Tras ese nuevo análisis, ratificaron que Alejandro Gabriel Gattoni, Alfredo Roberto Nahuelcheo y Maximiliano Ariel Vitali Méndez fueron responsables por los abusos cometidos durante el curso y por la muerte del joven. También confirmaron la condena de Marcelo Ariel Contreras, que recibió tres años de prisión condicional y no podrá volver a trabajar como policía.
Todo ocurrió durante un curso de entrenamiento básico del COER, el cuerpo especial de la Policía de Río Negro. Los instructores cambiaron el lugar previsto y llevaron a los aspirantes a Bahía Creek. Allí, según quedó probado, los sometieron a ejercicios extremos, con poca comida, poca agua y bajo malas condiciones climáticas.
El tribunal remarcó que, aunque este tipo de capacitaciones suelen ser exigentes, nada justifica los malos tratos y las situaciones humillantes que vivieron los participantes. Durante esos días hubo castigos físicos, destrato y exigencias que fueron mucho más allá de lo razonable. Pero el momento más grave llegó cuando un grupo de cursantes fue obligado a meterse al mar con uniforme, armas y cargando un tronco.
Uno de los jóvenes había avisado que no sabía nadar. Aun así, le ordenaron entrar al agua. Para los jueces, esa decisión creó un riesgo enorme y totalmente innecesario. También remarcaron que quienes estaban a cargo tuvieron tiempo para frenar el ejercicio y evitar la tragedia, pero no lo hicieron.
Gabriel Mandagaray murió allí, en medio de una práctica que, según el fallo, nunca debió hacerse de esa manera. La sentencia también puso el foco en el rol de Gattoni, quien estaba al frente del curso. Aunque intentó desligarse diciendo que solo cumplía tareas administrativas, el tribunal entendió que era el responsable principal, que eligió a los instructores, diseñó el entrenamiento y estuvo presente durante las actividades.
Para la Justicia, no se trató de un solo hecho aislado. Hubo, por un lado, una serie de abusos y malos tratos durante todo el curso. Y por otro, una práctica puntual que terminó con la vida del joven policía. Los jueces señalaron que este tipo de prácticas violentas y humillantes no pueden seguir formando parte de los entrenamientos y que la preparación de los efectivos debe respetar la dignidad y la vida de las personas
