El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro volvió a anular la revisión del fallo que condenó a los instructores del COER por la muerte de Gabriel Mandagaray, el joven policía que se ahogó en abril de 2021 durante una capacitación extrema y sin controles en Bahía Creek. El máximo tribunal provincial consideró que el Tribunal de Impugnación no cumplió con el análisis profundo que se le había ordenado previamente, y exigió que otro tribunal, con nuevos jueces, revise el caso desde cero, siguiendo una serie de pasos precisos. La decisión no modifica las condenas, pero sí pone en pausa su firmeza, y vuelve a abrir una herida que sigue sin cerrar.
Después de la primera condena, cuatro integrantes del COER fueron considerados responsables penales por abuso de autoridad y homicidio culposo. Las penas iban desde los tres años de prisión condicional hasta casi cinco años de cárcel efectiva. La sentencia describía un escenario de prácticas deshumanizantes, negligencia y desprecio por la seguridad de los cursantes. Mandagaray, de 25 años, murió tras ser obligado a ingresar al mar sin saber nadar, sin chaleco salvavidas, y en condiciones físicas y psicológicas extremas.
Sin embargo, esa sentencia fue apelada y llegó al STJ, que en su momento ordenó una revisión más profunda. El Tribunal de Impugnación volvió a analizar el caso, per lo hizo de manera superficial, sin responder adecuadamente a los planteos de las defensas. Por eso, ahora el máximo tribunal decidió anular esa revisión y exigir que se haga otra, esta vez con nuevos jueces y siguiendo una hoja de ruta clara.
Entre los puntos que deberán abordarse, el STJ pidió que se analice el principio de congruencia, que exige coherencia entre la acusación, la defensa y la sentencia. También reclamó que se identifiquen con precisión los actos concretos que configuran el abuso de autoridad, y que se determine qué hizo cada acusado para que se configure el homicidio culposo. En este último punto, el tribunal recordó que debe aplicarse la doctrina de la autoría paralela, que exige individualizar el aporte de cada persona al resultado fatal.
El fallo del STJ no entra en el fondo del asunto, pero sí marca una posición firme sobre cómo debe funcionar la justicia penal: con revisiones serias, motivadas y respetuosas del debido proceso. Para los familiares de Mandagaray, esta nueva decisión puede ser frustrante, pero también representa una oportunidad para que el caso sea revisado con el rigor que merece.
El 12 de mayo de 2023, el tribunal integrado por los jueces Carlos Reussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Álvarez, coincidieron en declarar culpables a los instructores del grupo especial COER que desarrollaban un curso de capacitación en las playas de Bahía Creek en abril de 2021.
El máximo responsable del curso era Alejandro Gattoni, jefe del COER, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez, todos fueron acusados por abuso de autoridad en los entrenamientos en general y coautores del homicidio culposo de Mandagaray. Además, a Contreras se le sumó las lesiones graves provocadas contra otro policía cursante, Esteban Lagos Millapán, a quien de una patada le fracturó el coxis.
La sentencia: el jefe del COER Alejandro Gattoni (4 años y 10 meses de prisión), y a los instructores Alfredo Nahuelcheo (4 años y medio), Maximiliano Vitali Méndez y Marcelo Contreras (4 años y tres meses). En tanto que en el denominado juicio Mandagaray II, la Justicia absolvió a los integrantes de la cúpula policial que autorizaron la capacitación sin controles, sin comida suficientes y sin plan de contingencia en caso de que pase algo.
