Cuando el dolor se convierte en motor de justicia, no hay estructura que no tiemble. Adriana Fabi, madre del joven policía Gabriel Mandagaray, muerto en circunstancias aberrantes durante un curso de entrenamiento en Bahía Creek, decidió patear el tablero institucional: presentó un pedido formal de juicio político contra cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. El joven murió luego de ser torturado durante una capacitación, le ordenaron meterse al mar con uniforme y borceguies con un tronco al hombro pese a no saber nadar.
Pero no se trata de una simple denuncia. Fabi, ex Jefe de Regional, apunta directamente a Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Cecilia Criado, acusándolos de encubrimiento, negligencia y parcialidad manifiesta. Según su presentación, los magistrados habrían intervenido para proteger a funcionarios del Ministerio de Seguridad y a altos mandos de la Policía, evitando que se investigue la cadena de responsabilidades políticas detrás del operativo que terminó con la muerte de su hijo, el 16 de abril de 2021, durante el gobierno de Arabela Carreras, Betiana Minor en la cartera y Osvaldo Tellería en la Jefatura de Policía.
El detonante fue la decisión del STJ de apartar al juez Juan Pablo Chirinos, quien había imputado a varios funcionarios, entre ellos a la exministra de Seguridad Minor y al jefe de Policía Tellería. Para Fabi, esa maniobra fue el punto de quiebre: "No quieren que se sepa la verdad".
La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura, y no es la primera vez que Fabi se enfrenta al sistema. Desde 2021 viene denunciando irregularidades, silencios cómplices y maniobras dilatorias. Pero esta vez, el reclamo tomó forma institucional y amenaza con abrir una grieta profunda en el Poder Judicial rionegrino.
Lo que está en juego no es solo la memoria de Gabriel, sino el funcionamiento mismo de la justicia. Es que la trágica capacitación en Bahía Creek, en la que 27 uniformados se capacitaban para integrar el grupo COER, fueron torturados y sometidos a vejámenes como comer escremento de animales o tirarse a un tanque australiano con agua podrida, o caminar casi 50 kilómetros sin tomas agua o ingerir alimentos. Los altos jefes policiales fueron los que firmaron y autorizaron el programa del curso y debían estipular que haya agua, alimentos y medidas de seguridad. En el luagr donde murió Mandagaray, no había ambulancias ni guardavidas. Incluso tuvo que ser llevado en la caja de una camioneta hasta el centro de salud de El Cóndor.
Mientras tanto, la causa Mandagaray sigue envuelta en sombras.
