La Justicia neuquina condenó este miércoles a la conductora responsable del siniestro vial ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en la esquina de Belgrano y Gobernador Asmar, en la ciudad de Neuquén. La acusada embistió a una pareja que circulaba en motocicleta y luego se dio a la fuga, por lo que recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso y la inhabilitación máxima para conducir por cuatro años.
La resolución fue considerada de carácter reparatorio por los abogados de las víctimas, quienes remarcaron la gravedad del hecho, en el que un joven obrero y su pareja fueron atropellados cuando se dirigían a comprar pañales para su bebé. El impacto provocó el incendio de la motocicleta y dejó al conductor con lesiones de extrema gravedad.
Como resultado del acuerdo, la justicia le impuso una pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación especial para conducir vehículos por el plazo de 4 años. También deberá cumplir reglas de conducta previstas en el Código Penal. Asimismo, las partes acordaron una reparación económica a favor de las víctimas consistente en el pago de 12 cuotas mensuales y consecutivas de $500.000 cada una, por un total de $6.000.000.
La condenada, B.M.D.S.J., reconoció su responsabilidad por los hechos durante la audiencia y el juez de garantías Raúl Aufranc homologó el acuerdo en todos sus términos.
Una fuga que agravó la imputación
Durante la investigación, una cámara de seguridad resultó determinante para identificar a la conductora, que manejaba un Volkswagen Golf. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la mujer giró sin señalizar ni verificar el tránsito y embistió a la moto, que impactó luego contra un vehículo estacionado.
Tras el hecho, la acusada huyó sin asistir a las víctimas y se presentó recién al día siguiente en una dependencia policial. El Ministerio Público Fiscal le atribuyó los delitos de lesiones culposas agravadas por conducción imprudente, manejo sin habilitación y abandono de persona, mientras que la causa fue impulsada por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi junto a la asistente letrada Agustina Jarry.
La familia de las víctimas contó con el patrocinio del abogado Mariano Mansilla y un equipo de letrados que llevó adelante la querella. El juez de garantías Raúl Aufranc había ordenado previamente prisión domiciliaria durante el proceso, ya que la imputada se encontraba embarazada.
