Tras un acuerdo pleno presentado por el fiscal del caso Juan Narváez junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat, condenaron a un padre y su hijo por haber cometido una serie de estafas reiteradas vinculadas a falsas operaciones de compraventa de camionetas publicadas en redes sociales.
Esteban Roberto Aristich y su hijo Jesús Nicolás Paulich reconocieron su responsabilidad y fueron condenados, además deberán resarcir económicamente a las víctimas de sus estafas.
Durante la audiencia, Aristich fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por cuatro hechos de estafa, mientras que Paulich recibió una pena de 2 años de prisión condicional por tres hechos. Además, ambos deberán cumplir reglas de conducta, realizar donaciones mensuales de $50 mil al hospital Castro Rendón y reparar económicamente a las víctimas.
De acuerdo con el acuerdo homologado, Aristich y Paulich deberán devolver en forma solidaria $700 mil y USD 4.500 a dos de las víctimas; Aristich, además, deberá abonar USD 8 mil y $5.350.000; mientras que Paulich tendrá que pagar $3.890.000. La jueza dispuso que las reparaciones económicas deberán realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme.
Cómo era la maniobra delictiva
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, las maniobras se desarrollaron entre 2022 y 2024 y consistían en publicar camionetas en plataformas como Marketplace y Mercado Libre, captar potenciales compradores de distintas provincias y convencerlos de viajar a Neuquén para concretar las operaciones.
Una vez en la ciudad, los acusados desplegaban una puesta en escena con documentación, boletos de compraventa y supuestos gestores, logrando que las víctimas entregaran dinero en efectivo y realizaran transferencias bancarias, aunque nunca concretaban la entrega de los vehículos.
Entre las víctimas hubo personas oriundas de Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos. Según la acusación, los condenados utilizaron identidades falsas y, en algunos casos, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros para concretar las maniobras.
La jueza Carina Álvarez homologó el acuerdo tras considerar acreditada la participación de ambos imputados y valorar, entre otros aspectos, el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso asumido para devolver el dinero a las víctimas.
