Aunque no hay confirmación oficial, son más de 100 las armas desaparecidas de depósitos judiciales en Roca. No es un error, no es un caso aislado: un centenar de pistolas y revólveres que estaban secuestradas en causas penales y que ya no están en el subsuelo de la Ciudad Judicial. El dato, que sacude al Poder Judicial de Río Negro y abre una crisis de consecuencias imprevisibles, tiene dos empleados sumariados a los que les allanaron la casa con resultados negativos.
El escándalo salió a la luz de la manera más inquietante y sólo tuvo una confirmación por parte del Ministerio Público y la referencia a una sola arma. Todo comenzó tras un enfrentamiento armado en el barrio Tiro Federal, cuando la Policía secuestró un arma que, al verificar su numeración, debía estar guardada bajo custodia judicial. Es decir: un arma que tenía que estar bajo llave, estaba en la calle en manos de delincuentes.
Pero lo más grave vino después. Cuando se revisaron los depósitos, la sorpresa fue mayúscula: no faltaba una, ni dos, ni diez. Faltan más de 100 armas. Un número brutal que deja al descubierto un agujero imposible de justificar dentro de uno de los sistemas que debería ser más seguros.
La cifra, por sí sola, genera vértigo. Más de cien armas vinculadas a causas penales, muchas por delitos graves, fuera de control. Más de cien pruebas judiciales que desaparecieron sin dejar rastro. Más de cien armas cuyo paradero hoy es un misterio. Y otro dato que genera mucha intriga, saber desde cuándo.
Por el momento, hay una investigación penal para determinar cómo desaparecen más de 100 armas de un depósito judicial cerrado, bajo llave y con acceso restringido. Está a cargo la fiscal Teresa Giuffrida y la jueza de Garantías Claudia Lamunao ordenó allanamientos,
Es que la custodia de ese material no depende de la Policía, sino exclusivamente de la Oficina Judicial, con las llaves a cargo de personal jerárquico que debe velar por lo que hacen los empleados encargados de trasladar las pruebas a las audiencias. En ese contexto, al menos tres empleados fueron apartados de sus funciones, publicó el sitio local ANR. Sin embargo, la medida preventiva no alcanza para explicar cómo se llegó a una cifra tan alarmante.
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia activó una investigación interna urgente que permita establecer con exactitud la cantidad de armas desaparecidas y puso al Auditor General Juan Manuel Montoto a revisar cada paso del circuito de custodia. Una vez determinado el número, también se intentará esclarecer la metodología y las responsabilidades.
