Cumple 10 años lejos de su mamá. Hace 70 días que no la ve. En el centro del caso aparece un dato clave: fue el propio niño quien decidió llamar a su padre aquella noche. Pero lo que vino después desató un conflicto que hoy expone demoras judiciales y fuertes cuestionamientos al accionar del Ministerio Público Fiscal de Roca. En el medio la inacción en un caso de extrema urgencia y la pelota que va entre el fuero Penal y el de Familia.
Todo comenzó el 22 de enero en un barrio al sur de la Ruta 22 en Roca. Según el relato de la madre, en medio de una situación doméstica el menor se comunicó con su padre. Minutos después, el hombre llegó al domicilio pese a tener una restricción judicial vigente que le prohibía acercarse por un contexto previo de violencia de género. La denuncia es contundente: ingresó a la vivienda y se llevó al niño. Desde ese momento, la madre no volvió a tener contacto con su hijo.
A partir de ahí, se abrieron dos procesos judiciales en paralelo, aunque ninguno con respuestas concretas. Por un lado, en el fuero de Familia se tramita un expediente de restitución y de revinculación que, hasta ahora, no logra garantizar siquiera el contacto entre madre e hijo. Por otro, en el ámbito penal, se denunció la violación de la restricción de acercamiento y el impedimento de contacto.
Sin embargo, el eje de la denuncia apunta también a lo que no ocurrió ese 22 de enero.
En una denuncia formal presentada en el Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General, el equipo del Ministerio Público Fiscal no adoptó medidas urgentes pese a que podría haberse configurado un delito flagrante: la desobediencia de una orden judicial, qu eimpedía el acercamiento del padre del menor a la casa de su ex. Incluso sostiene que la situación fue minimizada en las primeras horas, lo que dejó sin reacción inmediata un hecho que requería intervención urgente por una orden judicial vigente.
Para la denunciante, esa falta de acción inicial tuvo consecuencias directas: el paso del tiempo sin respuestas. Y en paralelo, una Justicia de Familia que demora decisiones básicas para restablecer el vínculo.
En la denuncia administrativa, la mujer enumera las fallas del sistema y apunta contra fiscales y funcionarios por presunta negligencia, inacción y maltrato institucional.
El trasfondo agrava el escenario: existe una medida judicial de protección que fue vulnerada sin consecuencias inmediatas. En ese contexto, la mujer advierte sobre los riesgos y cuestiona con dureza el rol de quienes debían intervenir para garantizar tanto el cumplimiento de la orden como el derecho del niño a mantener el vínculo con su madre.
Mientras tanto, los expedientes mantienen un ritmo que la familia considera desesperante. Sin resolución en lo inmediato y sin contacto restablecido, el tiempo sigue corriendo.
Así, entre decisiones que no llegan y actuaciones que no avanzan, el caso deja al descubierto una falla sensible: qué pasa cuando un menor queda en el medio de una disputa judicial y las respuestas del sistema llegan tarde.
En el medio, un chico que cumple años lejos de su mamá. Y una denuncia que ahora apunta directo al corazón del Ministerio Público Fiscal.
