Un escándalo sacude al Poder Judicial de Río Negro, una investigación penal se puso en marcha tras comprobar que un arma de fuego que debía estar secuestrada y bajo custodia judicial apareció siendo utilizada en un procedimiento policial en General Roca. El hallazgo no solo encendió todas las alarmas, sino que destapó una posible cadena de irregularidades mucho más profunda.
Según se informó oficialmente, la inconsistencia fue detectada cuando se verificó que el arma en cuestión, que debía permanecer resguardada en dependencias judiciales, había salido del circuito legal y terminó involucrada en un episodio delictivo. A partir de ese momento, la Fiscalía de Roca inició una causa penal para reconstruir cómo ese elemento pudo salir del control del sistema.
En paralelo, y con carácter urgente, el Poder Judicial activó una investigación interna que incluyó la intervención del Auditor General. En ese marco, comenzaron a recolectarse testimonios, revisar documentación y analizar el recorrido administrativo de las armas secuestradas. El objetivo: entender cómo se rompió la cadena de custodia.
Sin embargo, lo más preocupante apareció después. Durante un relevamiento integral ordenado en la Oficina Judicial de Roca, que incluyó el arqueo físico de los elementos secuestrados, se detectó el faltante de otras armas de fuego. Es decir, el problema no sería un hecho aislado.
Frente a este escenario, la denuncia penal fue ampliada y la lupa ahora está puesta sobre un número aún indeterminado de armas que no estarían donde deberían. Además, la auditoría no se limitó a Roca. La medida se extendió a todas las Oficinas Judiciales de la provincia, en un intento por verificar si existen más irregularidades en otros puntos de Río Negro. Se están revisando depósitos, sistemas de inventario y protocolos internos, en una carrera contrarreloj por recuperar el control.
En este contexto, desde el Poder Judicial no descartan la aplicación de sanciones e incluso medidas más severas si se comprueban responsabilidades. La investigación interna podría derivar en consecuencias disciplinarias, mientras la causa penal busca determinar si hubo delitos.
Lo cierto es que este caso se suma a una seguidilla de allanamientos con resultados negativos, que, desde hace unas semanas, vienen apuntando a empleados judiciales. Ahora, con un arma que reapareció en la calle, el escándalo dejó de ser una sospecha y se convirtió en un hecho concreto.
Por el momento, la causa en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones internas dispuestas por el Poder Judicial.
