El Congreso de la Nación vuelve a poner en agenda un tema sensible y urgente: el endurecimiento de las penas para quienes realizan denuncias falsas. Con aval de Patricia Bullrich, el Senado reflota un proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada que busca actualizar y agravar las sanciones previstas en el Código Penal, especialmente cuando se trate de acusaciones vinculadas a violencia de género, menores de edad o delitos contra la integridad sexual. Las falsas denuncias son una práctica habitual y aberrante del feminismo.
La iniciativa no surge en el vacío, sino en un contexto donde crece la preocupación por las consecuencias devastadoras que pueden generar este tipo de denuncias. Aunque desde algunos sectores del feminismo más radical se advierte que la propuesta podría desalentar a víctimas reales a denunciar, lo cierto es que el proyecto pone el foco en una problemática que durante años fue minimizada: el daño profundo e irreversible que sufren quienes son acusados injustamente.
Las falsas denuncias no solo afectan la reputación de una persona, sino que pueden destruir vínculos familiares, truncar carreras laborales y generar un estigma social difícil de revertir, incluso cuando la inocencia queda demostrada. En ese sentido, el caso de Agustín Muñoz resulta emblemático. El joven de 18 años, oriundo de Bariloche, fue acusado públicamente en 2021 durante una marcha y posteriormente “escrachado” en redes sociales por una menor de edad. Aunque luego se comprobó que la acusación era falsa, el daño ya estaba hecho: el joven terminó quitándose la vida.
El proyecto de Losada propone elevar las penas actuales -que hoy van de dos meses a un año de prisión o multas económicas- a un rango de uno a tres años para denuncias falsas en general. Pero el punto más relevante es el agravamiento de las penas cuando estas denuncias se enmarquen en delitos sensibles como los de género o contra menores, donde la sanción podría alcanzar entre tres y seis años de prisión.
Además, la iniciativa también endurece las consecuencias del falso testimonio, estableciendo penas de uno a cuatro años, que pueden escalar hasta seis en causas penales, con agravantes específicos en los mismos contextos. En los fundamentos, la senadora advierte que una acusación falsa por abuso sexual puede sumir al denunciado en un proceso penal devastador, con consecuencias que incluyen la pérdida del contacto con sus hijos, el deterioro de su vida laboral y una condena social anticipada.
El proyecto ya había avanzado el año pasado con dictamen favorable, incluso con el respaldo del entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, pero no llegó a ser tratado en el recinto. Con la renovación del Senado tras las últimas elecciones, el debate vuelve a foja cero, aunque con una nueva composición política que podría facilitar su aprobación, dada la mayor presencia de sectores dispuestos a impulsar este tipo de reformas.
En este nuevo escenario, y con un clima social que comienza a exigir mayor equilibrio entre la protección de las víctimas y las garantías de los acusados, la discusión promete ser intensa. La convocatoria prevista para el martes 7 de abril en el Senado, donde participarán víctimas de falsas denuncias y familiares de personas que se suicidaron tras ser acusadas injustamente, podría marcar un punto de inflexión en un debate que ya no admite más postergaciones.
