La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires y ordenó que indemnicen a las familias de las víctimas fatales de la Masacre de Carmen de Patagones. A 22 años del ataque que estremeció al país, el máximo tribunal rechazó los últimos recursos presentados por ambas administraciones y confirmó que existieron responsabilidades que hicieron posible la peor tragedia ocurridas dentro de una escuela argentina y la primera matanza escolar de latinoamérica.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó los recursos extraordinarios presentados por el Estado Nacional, en representación del Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, y por la Fiscalía de Estado bonaerense, que actuó en defensa de la Dirección General de Cultura y Educación.
El fallo corresponde a la demanda iniciada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres adolescentes asesinadas durante la masacre del 28 de septiembre de 2004. El año pasado, el máximo tribunal ya había adoptado la misma decisión en la demanda presentada por la familia de Federico Ponce, mientras que el expediente impulsado por los familiares de Evangelina Miranda obtuvo sentencia de primera instancia en octubre de 2024.
Así, después de más de dos décadas de reclamos judiciales, las familias lograron que quedara firme la responsabilidad del Estado por lo ocurrido aquella mañana que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva.
La Justicia encontró fallas graves de la escuela y de Prefectura
La condena no estuvo basada únicamente en el ataque cometido por Rafael Juniors Solich. Los jueces entendieron que existieron incumplimientos previos que pudieron haber evitado la tragedia.
Por un lado, la Justicia concluyó que la escuela no actuó con la diligencia necesaria frente a las reiteradas señales de alarma que presentaba el adolescente, el que sufría bullying por parte de sus compañeros. Durante el proceso judicial surgió que distintos docentes y autoridades habían advertido conductas preocupantes y situaciones que evidenciaban un riesgo para el resto de los estudiantes. Sin embargo, esas advertencias nunca derivaron en medidas concretas para proteger a la comunidad educativa.
Por otro lado, también quedó acreditada la responsabilidad de Prefectura Naval Argentina, ya que el arma utilizada en el ataque era la pistola reglamentaria del padre del joven, quien integraba esa fuerza de seguridad. El adolescente pudo acceder a la Browning calibre 9 milímetros junto con varios cargadores y la llevó hasta el establecimiento educativo sin que existiera ningún control que lo impidiera.
La mañana que cambió para siempre a Carmen de Patagones
Todo ocurrió el 28 de septiembre de 2004 en la Escuela de Enseñanza Media Nº 202 "Islas Malvinas". Después del acto de izamiento de la bandera, Solich ingresó al aula de Primer Año B del Polimodal, extrajo el arma y comenzó a disparar contra sus compañeros.
En apenas unos segundos asesinó a Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda. Además, otros cinco adolescentes sufrieron heridas de distinta gravedad y lograron sobrevivir a una escena que aún hoy permanece entre los episodios más dolorosos de la historia educativa argentina.
La investigación determinó que el joven había llegado esa mañana con la pistola reglamentaria de su padre y tres cargadores completos, lo que evidenció la facilidad con la que pudo acceder al arma.
Al momento de la masacre, Rafael Juniors Solich tenía apenas 15 años. Debido a su edad, fue declarado inimputable por la Justicia de Menores y nunca recibió una condena penal.
Durante la investigación pronunció una frase que quedó marcada para siempre en el expediente: "Cuando tiré, no era yo". Posteriormente fue sometido a distintos tratamientos psiquiátricos e internaciones bajo control judicial, mientras que el proceso civil continuó avanzando durante todos estos años.
La decisión de la Corte Suprema no modifica lo ocurrido aquella mañana de septiembre de 2004, pero sí cierra uno de los capítulos judiciales más importantes derivados de la masacre. Para las familias, significa el reconocimiento definitivo de que el Estado falló en su deber de proteger a los alumnos y que esas omisiones tuvieron consecuencias irreparables.
Veintidós años después de la balacera que sacudió a Carmen de Patagones y conmocionó a toda la Argentina, la Justicia volvió a poner el foco sobre las responsabilidades institucionales detrás de una tragedia que dejó una herida imposible de borrar.
