La defensa de Agostina Páez negó que haya existido cualquier tipo de intervención política en la causa judicial que enfrenta en Brasil, luego de que se habilitara su regreso a la Argentina tras más de dos meses de restricciones. En una conferencia de prensa realizada en el consulado argentino en Río de Janeiro, la abogada de Páez, Carla Junqueira, explicó que la decisión del juez se basó en fundamentos jurídicos y no en presiones externas.
“El consulado presentó una nota donde se detallaban las herramientas legales para que cumpla con las condiciones desde Argentina. El juez lo evaluó y tomó la decisión en base a eso”, señaló la letrada.
La joven, de 29 años, había sido acusada de injuria racial y permaneció durante más de dos meses bajo medidas restrictivas, incluyendo el uso de tobillera electrónica, en un proceso que generó repercusión tanto en Argentina como en Brasil. En las últimas horas, el caso sumó un componente político luego de que la diputada Marcela Pagano afirmara públicamente haber intervenido como “fiadora solidaria”. Sin embargo, desde la defensa relativizaron ese rol: agradecieron el acompañamiento, pero descartaron que haya influido en la resolución judicial.
“No creemos que el Poder Judicial de Brasil sea permeable a ese tipo de cuestiones”, remarcaron.
En cuanto a la situación procesal, la fiscalía había solicitado una condena de dos años de prisión en suspenso o su reemplazo por tareas comunitarias, alternativa que finalmente fue considerada por el juez, quien autorizó que esas obligaciones puedan cumplirse en Argentina.
De todos modos, aún resta el fallo definitivo, que determinará las condiciones específicas de las tareas comunitarias y el monto de la fianza que deberá afrontar. Así, el caso entra en su tramo final, luego de semanas de incertidumbre para la joven, que ahora se prepara para regresar al país mientras espera la resolución completa de la Justicia brasileña.
