Lo que comenzó con una denuncia por presuntos hechos de violencia familiar terminó convirtiéndose en un caso que movilizó a la Justicia de Río Negro. Una mujer mayor fue internada en un geriátrico de Viedma y la falta de contacto con sus familiares despertó una fuerte preocupación. Cuatro sobrinos viajaron desde Bahía Blanca para visitarla, pero no pudieron encontrarla. Esa situación derivó en una presentación ante la Defensa Pública para determinar si la institucionalización había sido una decisión libre o si, por el contrario, la mujer permanecía allí contra su voluntad.
Todo comenzó cuando la propia anciana denunció a su nuera por presuntos hechos de violencia. A partir de esa presentación, la Unidad Procesal de Familia dispuso medidas de protección para resguardar su integridad. Sin embargo, semanas después, sus sobrinos llegaron desde Bahía Blanca para visitarla y descubrieron que nadie podía informarles dónde estaba ni permitirles comunicarse con ella.
Frente a ese escenario, la Defensa Pública promovió un proceso de guarda de personas mayores para localizar a la mujer, verificar su estado de salud y constatar las condiciones en las que permanecía alojada. El principal objetivo era determinar si la internación en el geriátrico había sido aceptada por la propia mujer o si se había concretado sin su consentimiento.
Las primeras actuaciones incluyeron la intervención del equipo técnico de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, que entrevistó al hijo y a la nuera de la anciana. Gracias a esas gestiones, los profesionales pudieron llegar hasta la mujer, mantener un contacto directo con ella y conocer de primera mano su situación personal y sanitaria.
A partir de esa intervención, la Defensa Pública centró su tarea en garantizar el respeto por los derechos de la mujer, su autonomía y su capacidad para decidir sobre su propio cuidado. Además, se evaluó si la permanencia en el geriátrico constituía una medida adecuada frente a la situación de vulnerabilidad detectada.
Todo el procedimiento se desarrolló al amparo del Código Procesal de Familia de Río Negro, que habilita la adopción de medidas urgentes para proteger a personas en situación de riesgo e incluso prevé mecanismos excepcionales cuando la tutela de derechos no puede esperar el trámite de un proceso judicial ordinario. El caso volvió a poner en evidencia una problemática silenciosa que afecta a muchas personas mayores.
