Sin protestas, sin el padre encadenado, y sólo con su abogado, Rubén Ángel Muñoz escuchó que seguirá preso. Así lo resolvió por unanimidad el Tribunal en una audiencia de revisión que confirmó la revocación de su condena condicional. El expolicía, condenado por amenazas, violó las reglas de conducta que le permitían mantenerse en libertad y ahora deberá cumplir la pena de manera efectiva tras quedar sin ese beneficio.
La decisión no fue sorpresiva. El juez de Ejecución, Fernando Romera, ya había ordenado la semana pasada que Muñoz perdiera la condicional al comprobar un nuevo incumplimiento de las pautas de conducta. Ese dato fue clave y terminó inclinando la balanza: no era la primera vez que el condenado desobedecía las reglas impuestas por la Justicia.
Sin embargo, la defensa intentó revertir el escenario. El abogado Eduardo Carrera cuestionó la medida y la tildó de arbitraria y desproporcionada. También puso en duda la prueba presentada. Pero del otro lado, la fiscal Susana Carrasco fue contundente y no dejó margen para interpretaciones: sostuvo que Muñoz conocía perfectamente las condiciones que debía cumplir y que el pedido de prisión efectiva estaba plenamente ajustado a derecho.
En ese sentido, durante la audiencia, la fiscal fue directa y marcó el tono del caso: dejó en claro que no se trataba de un simple conflicto, sino de un condenado que incumplió reglas básicas que eran la única barrera entre la libertad y la cárcel. Las condiciones no eran optativas: eran el precio de su libertad.
Entre esas pautas había una especialmente sensible. Muñoz tenía prohibido acercarse, hostigar o comunicarse por cualquier medio con el actual ministro de Seguridad, Daniel Jara, quien figura como víctima en uno de los expedientes. A pesar de esa restricción expresa, el acusado terminó incumpliéndola, lo que agravó aún más su situación judicial.
Pero además, hubo un elemento que terminó de sellar su destino: un video incorporado como prueba. Para el Tribunal, ese material fue contundente y suficiente para demostrar la violación de las condiciones impuestas. Ese punto fue determinante para sostener la decisión de enviarlo a prisión.
Finalmente, tras un cuarto intermedio, los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon rechazaron todos los planteos de la defensa. Lejos de encontrar arbitrariedad, respaldaron sin fisuras lo actuado por el juez de Ejecución y fueron categóricos: la resolución está fundada, es lógica y se apoya tanto en los hechos como en el derecho.
De esta manera, decidieron que Muñoz debe cumplir su condena unificada en 3 años de cárcel, ahora de manera efectiva. El expolicía había sido condenado en dos causas que luego se unificaron. Por un lado, la toma de la Unidad Regional II, un hecho que sacudió a la fuerza policial y derivó en una condena por coacción, instigación a cometer delitos y entorpecimiento del funcionamiento del Estado. Y por otro, también fue condenado por amenazar al entonces exjefe de la Policía, Daniel Jara, quien hoy ocupa el cargo de ministro de Seguridad. Esa causa sumó otros ocho meses de prisión.
