El futuro del expolicía Rubén Muñoz quedó en manos de un tribunal que deberá decidir si sigue detenido o recupera la libertad, luego de que el juez Fernando Romera le revocara la prisión condicional por incumplir reglas clave. La defensa denunció una "decisión arbitraria y desproporcionada", mientras que la fiscalía sostuvo que el exuniformado violó condiciones básicas que le permitían evitar la cárcel. Con el padre del líder del Consejo de Bienestar Policial encadenado en la puerta de la Ciudad Judicial de Roca, se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana cuando se de a conocer la determinación.
Muñoz quedó preso el martes pasado. Su libertad era condicional, había accedido a un beneficio que le permitía cumplir su condena fuera de prisión, siempre y cuando respetara una serie de reglas estrictas. Sin embargo violó las restricciones impuestas en la condena de 3 años de cárcel por dos sentencias firmes.
En ese contexto, el juez de Ejecución Romera entendió que el incumplimiento no podía pasar desapercibido y decidió avanzar con una medida fuerte: revocar la condicionalidad. Esto, en términos simples, significó que Muñoz tuvo que empezar a cumplir la pena tras las rejas.
Ahora bien, detrás de esta decisión hay un historial pesado. El expolicía había sido condenado en dos causas que luego se unificaron. Por un lado, la toma de la Unidad Regional II, un hecho que sacudió a la fuerza policial y derivó en una condena por coacción, instigación a cometer delitos y entorpecimiento del funcionamiento del Estado. Y por otro, también fue condenado por amenazar al entonces exjefe de la Policía, Daniel Jara, quien hoy ocupa el cargo de ministro de Seguridad. Esa causa sumó otros ocho meses de prisión.
Con ambas sentencias, la Justicia le había fijado una pena única de tres años en suspenso. Es decir, podía seguir en libertad, pero bajo condiciones muy claras y sin margen de error. Entre esas condiciones, debía fijar domicilio, someterse a controles del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, evitar el consumo de alcohol y drogas, no cometer nuevos delitos y, un punto no menor, mantenerse alejado de unidades policiales y no incitar a hechos delictivos, ni en la calle ni en redes sociales.
Pedido de revisión
Con Muñoz preso, y alejado de cualquier protesta o de cuationamientos a funcionarios y al gobernador, la defensa del expolicía, cesanteado en 2019 por acumulación de legajos por conducta y, luego de haber estado 513 días sin trabajar, presentó un recurso para que la decisión de Romera sea revisada. Entre los argumentos, planteó que el Juez de Ejecución al revocar la condicionalidad de la pena, tomó una decisión arbitraria y desproporcionada.
En tanto que la representante del Minsiterio Público se opuso a los planteos presentados por el abogado particular. Por tratarse de un expolicía, tiene un amplio conocimiento de las leyes y de todas las intancias judiciales. Además, que no puede ignorar la orden de un juez y de las pautas impuestas, condiciones excluyentes para mantener su libertad.
Leugo de escuchar los argumentos, el tribunal integrado por Gastón Martín, Luciano Garrido y Alejandro Pellizón decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando se conozca una definición que no solo impactará en la situación de Muñoz, sino que también marcará un precedente: hasta dónde está dispuesta a llegar la Justicia cuando se rompen las reglas de una segunda oportunidad.
