Un efectivo de la Policía de Córdoba fue detenido en el marco de una investigación por presuntos hechos de grooming y abuso sexual contra cuatro adolescentes de entre 12 y 14 años. El acusado fue identificado como Juan Cruz Cejas Bustamante, de 27 años, quien se desempeñaba en el Departamento Motos de la capital provincial.
La causa está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, y contempla 15 órdenes de detención. Cejas Bustamante quedó imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal, mientras la Justicia analiza si existió intercambio de información sobre las víctimas entre las distintas personas investigadas.
La investigación se inició a partir de la denuncia por la desaparición de una adolescente de 13 años. Luego de rastrear la geolocalización de su teléfono celular, las fuerzas de seguridad lograron localizarla en Santiago del Estero, donde se encontraba junto a otras menores. A partir de ese procedimiento se realizaron allanamientos y comenzaron a identificarse a los sospechosos.
La investigación comenzó con la desaparición de una adolescente
El expediente judicial se originó con la denuncia por la desaparición de una joven de 13 años.
El seguimiento de la señal de geolocalización de su teléfono permitió establecer que se encontraba fuera de la provincia de Córdoba. Finalmente, fue localizada en Santiago del Estero junto a otras menores, un hallazgo que abrió nuevas líneas de investigación.
A partir de ese procedimiento, los investigadores avanzaron con allanamientos, identificación de sospechosos y recolección de elementos de prueba para establecer qué vínculos existían entre los involucrados y las adolescentes.
La investigación actualmente alcanza a personas que habrían tenido distintos tipos de contacto con las menores. Sin embargo, la Justicia todavía debe determinar qué responsabilidad concreta tuvo cada uno.
El policía quedó imputado por grooming y abuso sexual
Entre los detenidos se encuentra Juan Cruz Cejas Bustamante, un efectivo de 27 años que prestaba servicios en el Departamento Motos de la Policía de Córdoba.
Según la información incorporada al expediente, quedó imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal.
La imputación representa la hipótesis de la Fiscalía en esta etapa del proceso y no implica una condena. La investigación deberá avanzar con las distintas medidas de prueba para determinar si los hechos denunciados ocurrieron y cuáles fueron las responsabilidades individuales.
Los peritos también analizan si entre los distintos involucrados existía un intercambio de información sobre las víctimas, un aspecto que podría resultar relevante para establecer el alcance de los contactos investigados.
La causa tiene 15 órdenes de detención
Uno de los datos centrales del expediente es la existencia de 15 órdenes de detención.
La cantidad de medidas ordenadas no significa que exista una organización criminal ni que todas las personas involucradas tengan la misma imputación. De hecho, hasta el momento, las pericias no acreditaron la existencia de una red con estructura organizada destinada a captar o administrar contactos con las adolescentes.
La Justicia busca determinar, por separado, qué participación habría tenido cada uno de los sospechosos y si existió algún tipo de coordinación entre ellos.
También está imputado un exasesor legislativo
Entre las personas investigadas figura además José Aníbal Ricardo Villarreal, quien fue exasesor del legislador provincial Ernesto Ramón Flores.
Villarreal está acusado de abuso sexual con acceso carnal, de acuerdo con la información incorporada a la causa.
Su situación forma parte del mismo expediente, aunque las imputaciones son individuales y deberán ser analizadas a partir de las pruebas reunidas por la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.
Qué significa la acusación por grooming
El grooming es un delito previsto por el artículo 131 del Código Penal argentino. La norma sanciona a quien, mediante comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones u otras tecnologías, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.
La figura fue incorporada al Código Penal mediante la Ley 26.904, sancionada en 2013, y contempla una pena de seis meses a cuatro años de prisión.
El Estado argentino define al grooming como una modalidad de acoso sexual de una persona adulta hacia un menor a través de Internet o teléfonos. Puede comenzar con la generación de confianza y derivar en pedidos de imágenes, amenazas, chantajes o encuentros presenciales.
Este punto resulta relevante para comprender la causa: la acusación por grooming y la de abuso sexual son figuras diferentes, aunque una investigación puede analizar si existió una relación entre los contactos digitales y posteriores hechos de carácter sexual.
La investigación deberá determinar si hubo coordinación
Uno de los interrogantes principales que quedan abiertos es si los distintos involucrados actuaban de manera independiente o si existía algún tipo de intercambio de información sobre las adolescentes.
Ese aspecto es particularmente relevante porque los peritos todavía no acreditaron una estructura organizada.
La diferencia no es menor: encontrar contactos o comunicaciones entre personas investigadas no alcanza, por sí solo, para demostrar la existencia de una organización criminal. Para establecer responsabilidades será necesario determinar qué hizo cada persona, con quién se comunicó, qué información compartió y con qué finalidad.
La protección de las víctimas será central en las próximas medidas
Al tratarse de adolescentes, la investigación deberá avanzar procurando preservar su intimidad y evitar su revictimización.
En este tipo de causas, teléfonos celulares, conversaciones, cuentas digitales, registros de ubicación y otros elementos tecnológicos pueden convertirse en evidencia para reconstruir los contactos investigados.
El Gobierno nacional recomienda, ante una sospecha de grooming, no borrar mensajes, fotografías, videos ni otros registros digitales, ya que pueden constituir elementos de prueba, y realizar la denuncia ante una comisaría o fiscalía.
En Argentina también funciona la línea 137, disponible las 24 horas para recibir orientación y asistencia ante situaciones de violencia sexual.
La causa sigue abierta y se esperan nuevas medidas
La detención del policía y las restantes medidas ordenadas forman parte de una investigación que todavía se encuentra en desarrollo.
La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes deberá avanzar con las pericias, analizar los dispositivos y comunicaciones incorporados al expediente y determinar si corresponde ampliar o modificar las imputaciones.
Uno de los puntos que podría definir el rumbo de la causa será establecer si existió coordinación entre los sospechosos y cuál fue el vínculo concreto de cada uno con las adolescentes.
Por ahora, el expediente mantiene abiertas varias líneas de investigación y no existe una conclusión judicial definitiva sobre la responsabilidad de los acusados.
