La asistente letrada Cecilia Sabatte y el fiscal del caso Gastón Medina formularon cargos contra un profesor de fútbol de Neuquén, D.E.M., por haber abusado sexualmente de uno de sus alumnos, un adolescente menor de 18 años, pero también por otros delitos sexuales, como grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores y exhibiciones obscenas.
La teoría del caso de la fiscalía es que todos los delitos fueron cometidos en un contexto de confianza generado a partir de su rol como entrenador y que podría abarcar a otras víctimas, en casos que aún están siendo investigados.
El nombre del club, la identidad del acusado y otros datos relacionados con los hechos se resguardan para proteger la intimidad de las víctimas y evitar que puedan ser identificadas.
De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron en 2025, cuando el imputado contactó a la víctima para incorporarla a un equipo. A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo que se extendieron hasta marzo de este año.
En ese contexto, le atribuyeron haber realizado conductas reiteradas de acercamiento indebido, mediante ofrecimientos de dinero a cambio de prácticas de contenido sexual, amenazas dirigidas al entorno familiar y situaciones de contacto físico sin consentimiento. Los hechos se produjeron en distintos momentos y lugares, tanto en encuentros privados como durante viajes.
Según la acusación, estas conductas se desarrollaron aprovechando la relación de cercanía y confianza con el adolescente, y generaron un contexto de temor que condicionó su comportamiento y su silencio durante meses. “Tenía miedo porque el acusado le había dicho que conocía gente que le podía hacer algo a familiares”, explicó la representante del MPF.
El accionar, mediante regalos
Sabatte relató también que en otras situaciones, el entrenador “les regalaba botines, teléfonos, los llevaba a viajes y los invitaba a pretemporadas, conductas que no eran habituales en otros clubes o categorías”, y le atribuyó haber realizado exhibiciones de contenido sexual y haber solicitado el envío de imágenes íntimas a cambio de dinero, en el marco del mismo vínculo y haciendo referencia no sólo a la víctima del hecho imputado, sino a otros integrantes del equipo.
Durante la audiencia, Sabatte indicó que el adolescente pudo relatar lo ocurrido a su familia luego de advertir el riesgo de que otras personas pudieran verse afectadas, lo que permitió avanzar con la denuncia y la intervención judicial. También señaló que existen otras denuncias en investigación, por lo que la imputación podría ampliarse en las próximas semanas.
De manera preliminar, los representantes del Ministerio Público Fiscal encuadraron la conducta de D.E.M. en los delitos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y de la guarda, en grado de tentativa y en forma continuada; abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, en concurso real (tres hechos); corrupción de menores agravada; promoción de la prostitución agravada; exhibiciones obscenas agravadas; y grooming, todo en concurso real.
La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, que interviene como querella institucional en casos con víctimas menores de 18 años, adhirió a la imputación fiscal.
Corta duración de prisión preventiva y plazo de investigación
La asistente letrada y el fiscal del caso pidieron 4 meses de prisión preventiva, por entender que en el caso se dan todos los riesgos procesales: de fuga, dada la capacidad económica del imputado, y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a la víctima.
Sostuvieron que el acusado desplegó un accionar sostenido no solo para cometer los hechos investigados, sino también para evitar que fueran conocidos, lo que —según plantearon— configura un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. "Es palmaria la conducta del imputado: quiere a toda costa que los chicos no hablen", afirmó la representante del MPF, y describió conductas de intimidación.
Además, junto a Medina remarcaron que las víctimas y testigos son adolescentes, lo que “exige adoptar medidas que garanticen su protección integral, no solo en términos físicos sino también emocionales y psicológicos”, especialmente frente a instancias sensibles como las declaraciones en cámara Gesell.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. También avaló la prisión preventiva, pero no por el plazo solicitado por la fiscalía, sino por 15 días. Consideró que el plazo permitirá avanzar en la investigación mientras se verifica un domicilio para evaluar la viabilidad de una detención domiciliaria, como solicitó la defensa.
