Un empleado de una empresa que prestaba servicios para YPF en Catriel fue condenado por facilitar el robo de tres camionetas Ford Ranger luego de engañar a un compañero para conseguir una tarjeta magnética de acceso y obtener el PIN necesario para poner en marcha los vehículos. Los vehículos de la empresa AESA fueron encontrados días después en una cochera de Río Cuarto gracias al seguimiento satelital. El resto de los integrantes de la banda nunca pudo ser identificados.
El golpe había sido cuidadosamente preparado y tenía un detalle que podía marcar la diferencia: alguien desde adentro conocía cómo funcionaba la empresa. Ese hombre fue identificado como Carlos Alberto Soria, quien terminó acusado como partícipe necesario del delito de hurto calificado por el uso de llave verdadera retenida.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, Soria no necesitó romper puertas ni violentar instalaciones para que los delincuentes pudieran entrar. Le alcanzó con engañar a uno de sus propios compañeros para quedarse con su tarjeta magnética, indispensable para ingresar y salir de la base de la compañía.
Pero eso no fue todo. Además, consiguió el PIN de arranque que utilizaban las camionetas, un dato que conocía otro trabajador. Con esos elementos, el escenario quedó servido para que los vehículos fueran retirados de la empresa y comenzara una fuga que los llevaría cientos de kilómetros lejos de Catriel.
El robo ocurrió días antes del 14 de febrero de 2023, fecha en la que la empresa realizó la denuncia policial. A partir de entonces comenzó una investigación que rápidamente encontró una pista clave: las tres camionetas contaban con dispositivos de seguimiento satelital.
Así, mientras quienes habían participado del robo intentaban poner distancia entre ellos y Catriel, la tecnología iba marcando el camino. El rastreo permitió seguir la ubicación de las Ford Ranger hasta Río Cuarto, en Córdoba, donde finalmente fueron encontradas estacionadas dentro de una cochera ubicada sobre calle Colón, en pleno centro de la ciudad.
Sin embargo, recuperar las camionetas no significó resolver todo el misterio. Los investigadores no encontraron en ese lugar a los responsables del robo y durante un tiempo el resto de los integrantes de la banda permaneció sin identificar. La investigación, de todos modos, comenzó a cerrar el cerco alrededor de Soria. Los testimonios de los empleados que habían sido engañados permitieron reconstruir cómo consiguió la tarjeta magnética y cómo tuvo acceso a información indispensable para poner en funcionamiento las camionetas.
A eso se sumaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la empresa. El material fue incorporado a la investigación junto con las tareas realizadas por los policías que estuvieron a cargo de avanzar sobre la maniobra y determinar la participación del empleado. Con las pruebas reunidas, Soria quedó señalado como una pieza necesaria para que el plan pudiera ejecutarse. Fue quien aportó información y elementos sin los cuales el ingreso y la salida de los vehículos se habrían complicado considerablemente.
Finalmente, la causa llegó a una instancia de juicio abreviado. La Fiscalía, representada por Gustavo Herrera, tuvo en cuenta que Soria no tenía antecedentes penales y que las autoridades de la empresa damnificada aceptaban el acuerdo, entre otras razones porque las tres camionetas habían sido recuperadas.
De esta manera, se acordó una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional. Es decir, Soria no fue enviado a una cárcel, aunque quedó obligado a cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años. El propio acusado aceptó el acuerdo y reconoció los hechos que se le atribuían. Su defensor oficial, Gustavo Martínez, prestó conformidad con el planteo de la Fiscalía y sostuvo que los hechos habían sido acreditados.
Por su parte, el juez Julio Sueldo avaló el acuerdo y dictó la condena. Consideró que las pruebas incorporadas por la Fiscalía, sumadas a la confesión del imputado, permitían tener por acreditada su responsabilidad. Además, Soria deberá mantener un domicilio, no cometer nuevos delitos, evitar el consumo de drogas y el abuso de bebidas alcohólicas, especialmente en lugares públicos, y presentarse cada dos meses ante el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados.
