El operativo internacional “Aliados por la Infancia VI” dejó un saldo de 84 personas detenidas, más de 266 allanamientos simultáneos y el secuestro de armas, celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento digital en distintos países de América y Europa.
La investigación apunta a redes dedicadas a la tenencia, producción, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil. En Argentina, los procedimientos se realizaron en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que también hubo operativos en otros 17 países.
Uno de los casos que generó mayor impacto ocurrió en Santa Cruz, donde el Gobierno provincial decidió apartar de su cargo a Ivana Álvarez, directora de un Centro Integrador Comunitario de Río Gallegos, luego de que su domicilio fuera allanado en el marco de la causa.
Un operativo internacional coordinado entre Argentina y Estados Unidos
La investigación fue impulsada por la fiscal especializada en ciberdelitos Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal porteño.
El trabajo se desarrolló junto a la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad estadounidense y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), utilizando herramientas digitales para detectar usuarios que compartían contenido de explotación sexual infantil.
Además, se analizaron reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo internacional que monitorea delitos vinculados a menores.
“Lo que viene ahora es analizar los dispositivos secuestrados y llevar los casos a juicio. Esto recién empieza”, aseguró Dupuy en declaraciones a DNews.
Las provincias y países alcanzados por “Aliados por la Infancia VI”
Los procedimientos se realizaron en Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También hubo operativos en Brasil, Uruguay, Perú, Panamá, Colombia, México, España, Francia, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador y otros países de la región.
Cómo fueron las detenciones
De las 84 personas detenidas, 26 fueron arrestadas en Argentina:
- 14 en Ciudad de Buenos Aires
- 3 en Córdoba
- 3 en Misiones
- 3 en Santa Cruz
- 2 en provincia de Buenos Aires
- 1 en Formosa
Las otras 58 detenciones se concretaron en el exterior, principalmente en Brasil.
Durante los allanamientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, pendrives y distintos soportes digitales que ahora serán sometidos a peritajes.
La funcionaria apartada en Santa Cruz
El Gobierno de Santa Cruz confirmó la desvinculación de Ivana Álvarez, quien se desempeñaba como directora del CIC “Nuestra Señora del Carmen” de Río Gallegos.
La medida se tomó luego de conocerse que su domicilio había sido allanado dentro del operativo internacional.
Desde la administración provincial señalaron que se actuó de manera inmediata “para resguardar la institucionalidad y la confianza de la comunidad”.
Álvarez era reconocida por haber sido una de las primeras mujeres trans en ocupar un cargo de ese nivel dentro de la estructura estatal santacruceña. Actualmente quedó a disposición de la Justicia.
Un allanamiento dentro de una cárcel bonaerense
Uno de los procedimientos más llamativos se realizó en la Unidad N°1 de Lisandro Olmos, en La Plata.
Allí, investigadores buscaban a un usuario de Google reportado por la tenencia y distribución de 16 archivos de abuso sexual infantil.
El sospechoso ya estaba detenido desde hacía cuatro años por una causa de abuso sexual contra una menor. Durante el operativo fueron secuestrados ocho teléfonos celulares pertenecientes a internos de la celda.
El impacto judicial y tecnológico de la investigación
La causa expone un fenómeno que crece en las investigaciones de cibercrimen: el uso de plataformas digitales, almacenamiento en la nube y redes internacionales para distribuir material ilegal.
Especialistas en delitos informáticos sostienen que este tipo de operativos requieren cooperación internacional constante, intercambio de datos en tiempo real y peritajes tecnológicos complejos.
Además, el volumen de dispositivos secuestrados anticipa una nueva etapa de la investigación: el análisis forense digital para determinar vínculos, rutas de distribución y posibles nuevas víctimas.
Qué pasará ahora con la causa
La Justicia avanzará con el análisis del material secuestrado y la identificación de nuevas conexiones entre los involucrados.
Los detenidos podrían enfrentar cargos por tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, delitos que contemplan penas de prisión efectiva.
Mientras tanto, las autoridades judiciales y organismos internacionales continúan trabajando para detectar nuevas redes y rastrear contenido compartido en plataformas digitales.
