El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Junín de los Andes, tras una investigación que permitió reconstruir su funcionamiento, roles y puntos de venta.
La acusación fue presentada por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, quienes atribuyeron a los imputados los delitos de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por la participación organizada de tres o más personas.
De acuerdo con la investigación, entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026 los acusados operaron de manera coordinada, con una clara división de tareas. Dos de ellos encabezaban la estructura: conseguían clorhidrato de cocaína, lo fraccionaban y lo distribuían entre el resto para su venta.
La organización utilizó distintos domicilios como puntos de acopio, fraccionamiento y comercialización. Primero operaron en una vivienda de calle Los Maitenes, luego en otra de calle 25 de Mayo y finalmente en una casa del barrio Nehuenche.
Según la fiscalía, cuatro de los imputados cumplían el rol de vendedores: recibían la droga, la fraccionaban en dosis y la comercializaban directamente. Para ello utilizaban balanzas de precisión, envoltorios de nylon y otros elementos. Parte del dinero obtenido era transferido mediante billeteras virtuales a quienes lideraban la organización.
Además, uno de los acusados habría facilitado su vehículo para el traslado de la droga y extendido la actividad hacia San Martín de los Andes.
Durante los allanamientos realizados el pasado 2 de mayo, la fiscalía secuestró 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína en distintos domicilios vinculados a los imputados. También se incautaron dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento.
En los procedimientos, además, se hallaron armas de fuego y municiones sin la debida autorización legal. Por este motivo, a uno de los imputados se le sumaron cargos por tenencia de armas de guerra y de uso civil, mientras que otro fue acusado por tenencia ilegal de un arma de uso civil.
La audiencia de formulación de cargos fue encabezada por la jueza de garantías Vanesa Macedo Font, quien avaló la acusación presentada por la fiscalía.
Medidas cautelares
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron prisión domiciliaria para cuatro de los imputados por el plazo de dos meses. Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido.
En su lugar, dispuso medidas cautelares para todos los acusados: deberán cumplir comparendos periódicos y tienen prohibido mantener contacto entre sí o ejercer actos de intimidación o perturbación vinculados a la causa.
En uno de los casos, además, se ordenó la presentación diaria en una sede de Gendarmería.
Tras la decisión, la fiscalía solicitó la revisión de la resolución en relación con el rechazo de las prisiones domiciliarias.
La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas medidas en el corto plazo.
