A partir de una situación constante de hostigamiento hacia una niña de 11 años en la escuela a la que asiste, un fallo judicial solicitó la intervención del Ministerio de Educación y requirió al establecimiento que se tomen medidas de protección urgentes que garanticen un entorno escolar seguro.
La resolución de la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, se dio en el marco de la internación involuntaria de la niña por conductas autolesivas severas e ideación suicida.
La solicitud subrayó la necesidad de que intervengan equipos técnicos especializados en convivencia escolar, debido a las agresiones verbales sufridas por parte de sus compañeros y basadas en su apariencia física.
La magistrada también pidió al Ministerio de Salud provincial que un profesional en psiquiatría con especialización infantojuvenil efectúe una evaluación de la niña que sufre “angustia significativa, retraimiento, desgano y afectación emocional persistente”. Esto fue informado por profesionales que la trataron durante su internación, única alternativa terapéutica viable ante el riesgo cierto e inminente.
Qué deberá hacer la institución
En el mismo sentido, pidió al colegio que informe sobre las acciones ya realizadas y las que se implementarán, y que se dé una respuesta inmediata a la solicitud de cambio de turno realizada por la alumna, la cual no tuvo respuesta institucional.
La resolución judicial definió como evidente la “insuficiente intervención del ámbito educativo frente a una situación de violencia escolar, agravando el cuadro y contribuyendo a la cronificación del malestar”, y se pidió diseñar un plan institucional de abordaje de la conflictividad.
La escuela deberá, asimismo, implementar prácticas restaurativas con los estudiantes involucrados, con intervención de profesionales, orientadas a “visibilizar el daño causado, promover la responsabilización activa, generar instancias de reparación simbólica y/o concreta, reconstruir el clima de convivencia escolar”.
La mirada judicial de la jueza
La magistrada recordó que el derecho a la vida, a la salud mental y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes se encuentra garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 y que el sistema educativo tiene una responsabilidad central en la prevención y abordaje de estas situaciones.
“La situación informada pone en evidencia una falla en los mecanismos de detección temprana e intervención institucional, lo cual impone la adopción de medidas urgentes no sólo de protección individual, sino también de reparación del entramado vincular dañado”, sostuvo.
